Malvinas: el Gobierno amplió las denuncias e identificó a 27 empresarios y directivos vinculados con las petroleras
El Gobierno de Javier Milei amplió las denuncias penales por las actividades hidrocarburíferas en las Islas Malvinas e identificó a 27 empresarios, ejecutivos y directivos vinculados con las compañías que participan de los proyectos petroleros. Los nuevos escritos incorporan a la investigación a Rockhopper Exploration (Hydrocarbons) Limited, Rockhopper Exploration (Oil) Limited, Borders & Southern Falkland Islands Limited, Borders & Southern Petroleum PLC y Desire Petroleum Limited, y profundizan la pesquisa sobre personas relacionadas con Navitas Petroleum Limited Partnership, Navitas Petroleum Development & Production Limited y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd.
Las presentaciones fueron impulsadas por el canciller Pablo Quirno, en su condición de autoridad de aplicación de la Ley 26.659, con el patrocinio de la Procuración del Tesoro de la Nación, que encabeza Sebastián Amerio. Una de ellas amplía la causa CFP 4437/2026, que tramita ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°12, a cargo de Julián Ercolini, para incorporar nuevos hechos, sociedades y personas vinculadas principalmente con el proyecto Sea Lion.
Las nuevas acciones constituyen la continuación de una ofensiva administrativa y judicial que se viene anticipando desde principios de septiembre. Primero, el Gobierno puso en marcha procedimientos sancionatorios contra 45 personas y compañías vinculadas con las actividades petroleras en las islas. Luego agregó otros 15 sujetos, llevando el universo administrativo a 60 personas físicas y jurídicas.
En paralelo, avanzó una primera denuncia penal contra sociedades relacionadas con Navitas Petroleum, JHI Associates y Eco Atlantic por las operaciones vinculadas con Sea Lion. Después, el Gobierno anunció una nueva tanda contra empresas de Rockhopper, Borders & Southern y Desire Petroleum.
Los documentos judiciales conocidos ahora permiten avanzar un paso más. Los seis integrantes de Eco Atlantic aparecen expresamente individualizados en la ampliación de la causa penal y Dobson figura en el escrito correspondiente a Borders & Southern. Pero las presentaciones incorporan además a otros ejecutivos con responsabilidades financieras, jurídicas, técnicas, operativas y de conducción que hasta ahora no habían aparecido en las nóminas administrativas difundidas.
En total, los escritos identifican a 27 personas físicas. Al cruzar esos nombres con los 60 sujetos incluidos en las dos tandas de procedimientos administrativos, 16 no figuraban en aquellas listas conocidas.
La diferencia es sustancial: la nueva etapa ya no busca solamente determinar qué empresas, accionistas o proveedores participan de los emprendimientos petroleros, sino establecer quién tomó las decisiones, quién estructuró el financiamiento, quién intervino en la contratación, quién asesoró jurídicamente y quién dirigió o ejecutó las operaciones.
Los ejecutivos de Navitas y Eco bajo la lupa
En la estructura de Navitas Petroleum Limited Partnership, la ampliación individualiza a Gideon Tadmor, Koby Katz, Amit Kornhauser, Tamar Rosenberg, Meital Hillel Abramov, Nadav Sorek, David Bernheim y Jonathan Akiva Sternberg.
La documentación utilizada en la presentación identifica a Tadmor como chairman; a Katz como vice chairman; a Kornhauser como CEO; a Rosenberg como CFO; a Abramov como Vice President General Counsel; a Sorek como Vice President Subsurface & Operations; y a Bernheim como Chief Commercial and M&A Officer. Sternberg aparece relacionado con Navitas USA.
Para el Gobierno, la importancia de esas posiciones radica en que abarcan actividades directamente asociadas con las decisiones necesarias para poner en marcha un proyecto de la magnitud de Sea Lion: dirección general, desarrollo de negocios, financiamiento, asesoramiento jurídico, operaciones, subsuelo, gestión comercial y fusiones y adquisiciones.
La Justicia deberá determinar, si prospera la denuncia presentada por el Gobierno argentino, si esas personas tuvieron una intervención jurídicamente relevante en las decisiones o actos relacionados con las actividades investigadas.
La presentación agrega otras cinco personas de Navitas Petroleum Development & Production Limited: Ian Ramsey, Gareth Bamford, Aleks Armstrong, Yossi Gvura y Charles Taylor.
El escrito considera a esa subsidiaria una pieza central de la estructura operativa de Sea Lion. Ramsey aparece como CEO y Bamford como COO, con responsabilidad sobre la ejecución y operación del proyecto. Armstrong está asociado al área de subsuelo y exploración; Gvura, a las finanzas; y Taylor figura como Asset Director de Sea Lion, con funciones relacionadas con el desarrollo del activo y el cumplimiento regulatorio y operativo.
En uno de los pasajes más relevantes de la ampliación, el Gobierno sostiene que esos ejecutivos ocupan posiciones vinculadas con “decisiones adoptadas, instrucciones impartidas, documentación suscripta y comunicaciones mantenidas” en relación con las actividades de exploración, desarrollo y futura explotación hidrocarburífera.
La ampliación incluye además a siete integrantes de Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd.: Gil Holzman, Keith Hill, Peter Nicol, Alan Friedman, Alice Carroll, Gadi Levin y Emily Ferguson.
Los seis primeros ya habían sido identificados entre las personas alcanzadas por los procedimientos administrativos. La novedad es que ahora aparecen expresamente incorporados al objeto de una investigación penal. A ellos se agrega Emily Ferguson, cuyo nombre no figuraba en aquella nómina.
Holzman aparece como presidente y CEO y Levin como CFO. Los demás son mencionados como integrantes del órgano de administración con distintas funciones ejecutivas y no ejecutivas.
El documento explica que su individualización busca determinar “quiénes fueron las personas físicas que efectivamente adoptaron, ejecutaron, autorizaron, financiaron, instrumentaron o supervisan las decisiones” vinculadas con las actividades petroleras investigadas.
Esa frase resume el cambio de profundidad en la estrategia judicial.
El Gobierno sostiene que la pesquisa debe ir más allá de identificar las sociedades que participan de los proyectos para reconstruir “la cadena concreta de decisiones” mediante la cual esas compañías habrían resuelto avanzar con la exploración, el desarrollo y la eventual explotación.
Borders & Southern, Rockhopper y Desire Petroleum
La presentación referida a Borders & Southern Falkland Islands Limited y Borders & Southern Petroleum PLC individualiza a otras siete personas: Harry Baker, Peter Fleming, William Hodson, Bruce Porter, Jon Harris, David Harry Williamson Dobson y Sean Guest.
Dobson ya había aparecido entre los nombres difundidos en la ofensiva administrativa. Los otros seis amplían el universo de ejecutivos y técnicos que el Estado pretende investigar.
La particularidad de este escrito es que también ensancha geográficamente la ofensiva. El foco ya no queda restringido a Sea Lion.
Borders & Southern está vinculada con la licencia PL018, donde se encuentra Darwin East-1, otro descubrimiento hidrocarburífero ubicado en el área de Malvinas. Según la documentación incorporada por el Gobierno, Borders & Southern Falkland Islands Limited aparece como operador con una participación del 100% en esa licencia.
La presentación plantea investigar cómo se organiza la estructura empresaria, qué sociedades participan y cuál fue el papel de las personas que adoptaron o ejecutaron las decisiones vinculadas con las actividades de exploración y eventual explotación.
De las 27 personas físicas individualizadas en los escritos penales, 16 no figuraban entre los 60 sujetos alcanzados por los procedimientos administrativos conocidos hasta ahora.
Se trata de Tamar Rosenberg, Meital Hillel Abramov, Nadav Sorek, David Bernheim, Ian Ramsey, Gareth Bamford, Aleks Armstrong, Yossi Gvura, Charles Taylor, Emily Ferguson, Harry Baker, Peter Fleming, William Hodson, Bruce Porter, Jon Harris y Sean Guest.
Los otros once ya habían quedado alcanzados por alguno de los procedimientos anteriores: Gideon Tadmor, Koby Katz, Amit Kornhauser, Jonathan Akiva Sternberg, Gil Holzman, Keith Hill, Peter Nicol, Alan Friedman, Alice Carroll, Gadi Levin y David Harry Williamson Dobson.
Los propios escritos establecen, sin embargo, una cautela jurídica. La aparición de los nombres no equivale a una imputación automática ni supone que exista responsabilidad penal por el solo hecho de ocupar un cargo societario.
La investigación deberá determinar cuál fue la intervención concreta de cada uno en la “planificación, autorización, financiación, contratación, dirección, ejecución, asesoramiento o supervisión” de las actividades.
La ampliación que tramita ante el juzgado de Ercolini incorpora específicamente a Rockhopper Exploration (Hydrocarbons) Limited y Rockhopper Exploration (Oil) Limited.
La presentación sostiene que el avance reciente de Sea Lion modificó sustancialmente el escenario que había dado lugar a investigaciones argentinas hace más de una década.
“La evolución posterior de los acontecimientos permite advertir que aquella situación no solo no habría cesado, sino que habría avanzado hacia una etapa de desarrollo y explotación comercial del proyecto ‘Sea Lion’”, afirma el escrito.
Sobre esa base, el Gobierno considera necesario actualizar el objeto de la investigación e identificar a las personas físicas y jurídicas que intervienen actualmente en la estructuración, administración, desarrollo y eventual puesta en producción del proyecto.
Rockhopper Exploration (Hydrocarbons) Limited aparece relacionada con las licencias PL032 y PL033 y con el área de descubrimiento Sea Lion. Rockhopper Exploration (Oil) Limited está vinculada con PL003a, PL003b, PL004a, PL004b Área 1 y PL004c Área 2.
La presentación incorpora además elementos financieros obtenidos del registro societario británico. En relación con Rockhopper Exploration (Hydrocarbons) Limited menciona un instrumento de garantía constituido en abril de 2015 vinculado con el denominado Falkland Islands Government y otro charge registrado en diciembre de 2025 a favor de Macquarie Bank Limited.
La Justicia deberá determinar la naturaleza de esas relaciones contractuales y financieras y su posible conexión con la estructura económica de Sea Lion.
Otro de los escritos está dirigido contra Desire Petroleum Limited, anteriormente denominada Desire Petroleum Public Limited Company.
La empresa tiene antecedentes en la Argentina que se remontan a 2012. Ese año, la Secretaría de Energía declaró ilegales sus actividades en la Plataforma Continental Argentina y la calificó como clandestina por realizar operaciones hidrocarburíferas sin habilitación de las autoridades nacionales.
En 2013, el Estado volvió a considerar acreditado que Desire desarrollaba actividades sin autorización argentina y sostuvo que la compañía “usufructúa una ilegítima licencia para explorar hidrocarburos en zonas próximas a las Islas Malvinas”.
Como consecuencia de esos antecedentes, fue inhabilitada durante veinte años para desarrollar actividades en la Argentina.
El nuevo escrito sostiene que la compañía continuó vinculada con licencias petroleras. Según la documentación incorporada, a marzo de 2026 registraba una participación del 32% en PL003a y PL003b; del 30% en PL004a, PL004b Área 1 y PL004c Área 2; y del 35% en PL005.
A diferencia de las presentaciones relacionadas con Navitas, Eco y Borders, la denuncia contra Desire no ofrece todavía una nómina nominal de ejecutivos. Solicita que la Justicia determine quiénes participaron en la planificación, autorización, financiación, coordinación, dirección o ejecución de las actividades investigadas.
Qué responsabilidades penales busca establecer la Justicia
Las denuncias se apoyan principalmente en los artículos 7, 8 y 9 de la Ley 26.659, que sanciona las actividades hidrocarburíferas realizadas en la Plataforma Continental Argentina sin autorización de las autoridades nacionales.
El artículo 7 prevé penas de cinco a diez años de prisión, además de multa e inhabilitación, para quien encargue o realice actividades de exploración sin autorización argentina. Para los casos de extracción, transporte o almacenamiento de hidrocarburos, la escala se eleva a diez a quince años de prisión.
El artículo 8 permite avanzar sobre la eventual responsabilidad de las personas humanas que actuaron dentro de las empresas. Allí se incluyen directores, gerentes, administradores, mandatarios, representantes o autorizados que hayan intervenido en los hechos.
El artículo 9 contempla, a su vez, consecuencias para las propias personas jurídicas.
Los escritos dejan abierta además la posibilidad de investigar eventuales infracciones a la Ley de Residuos Peligrosos y al Código Aduanero, y mencionan como hipótesis sujetas al resultado de la pesquisa los delitos de asociación ilícita y lavado de activos.
El Gobierno también solicita medidas de cooperación internacional para obtener información societaria, registral, bancaria, financiera, contractual y operativa y plantea la eventual aplicación de medidas cautelares patrimoniales si el avance de las causas reúne los requisitos legales.
La nueva etapa de la ofensiva por Malvinas intenta, de ese modo, avanzar desde el mapa de compañías, accionistas y proveedores hacia el interior de las estructuras empresariales. El objetivo que surge de los escritos es determinar quién tomó las decisiones, quién organizó el financiamiento, quién asesoró jurídicamente, quién dirigió las operaciones y quién intervino en su ejecución, para establecer si dentro de Navitas Petroleum, Rockhopper Exploration, Eco Atlantic, Borders & Southern y Desire Petroleum existen responsabilidades penales individuales por las actividades hidrocarburíferas desarrolladas alrededor de las Islas Malvinas.