Crisis en IOSFA: el Gobierno dictó un nuevo DNU para seguir con el ajuste y evitar “un grave desequilibrio financiero”
El Gobierno nacional continúa con la reestructuración del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA), que atraviesa un proceso de disolución y liquidación desde el mes de febrero. Como parte de la crisis que afronta la prestadora, que cuenta con 325.000 afiliados en todo el país, el presidente Javier Milei dictó un nuevo DNU que limita el traspaso de personal al nuevo organismo castrense, con el objetivo de “evitar un desequilibrio financiero y presupuestario”.
Así lo establece el Decreto de Necesidad y Urgencia 1286/2026, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, con la firma de Milei y el resto de los ministros del gabinete. El texto reformula el DNU 88/26 del 5 de febrero, que oficializó la disolución de IOSFA y en su reemplazo dispuso la creación de dos estructuras paralelas: la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA), que depende del ministerio de Defensa, y la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG), bajo la órbita del Ministerio de Seguridad nacional.
El sentido de esa reestructuración fue dar una respuesta a la grave crisis que atravesaba la obra social de las FFAA, y al mismo tiempo, que los afiliados del personal de Gendarmería Nacional y Prefectura Naval, que antes estaban en el IOSFA, pasaran a integrar la OSFFESEG.
Con el nuevo decreto, el Gobierno dispuso que la transferencia de empleados del IOSFA a la OSFA ya no sea automática ni generalizada. La nueva conducción, que preside el general de brigada Pablo Plaza, deberá determinar primero cuántos puestos necesita, y recién entonces identificar a los trabajadores de la residual estructura de IOSFA que cubrirán las vacantes en la prestadora sustituta.
“El DNU actualiza el marco legal de la reorganización iniciada en febrero, con el objetivo de construir una obra social financieramente sostenible y garantizar la continuidad y calidad de las prestaciones para la familia militar”, señalaron fuentes de OSFA.
El Poder Ejecutivo justificó en el decreto la urgencia en que el traslado integral de personal habría generado “un grave desequilibrio financiero, operativo y presupuestario” en la OSFA, en un contexto donde ese organismo tiene vedado destinar más del 8% de sus recursos a gastos administrativos y de funcionamiento.
Según el decreto, la OSFA quedó con una población beneficiaria “sustancialmente menor” a la proyectada originalmente, de acuerdo a los considerandos del decreto. “La dotación claramente se va a ajustar, era totalmente grande y enorme, que no tenía sentido y era deficitaria. Vamos a hacer una obra social profesional para los afiliados, señalaron fuentes de la cartera que encabeza el ministro de Defensa, teniente general Carlos Presti.
“La prioridad es recuperar y fortalecer las prestaciones y que OSFA pueda garantizarlas en el tiempo, en todo el país, con una estructura acorde a sus necesidades, que pueda sostener con sus recursos, para evitar que se repita el descalce entre ingresos y gastos que desfinanció al IOSFA”, agregaron desde la obra social.
Los conflictos gremiales por las farmacias y hoteles
La nueva administración quedó frente a una obra social en liquidación, con abultadas deudas, reclamos de prestadores y afiliados, quienes vieron resentida la atención, y una preocupación creciente de trabajadores en las provincias. Es lo que ocurre, por ejemplo, con las farmacias y hoteles que prestaban servicios para los beneficiarios de IOSFA.
Ayer, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) llevó a cabo una “jornada nacional de lucha” para garantizar la continuidad de las 31 farmacias que dependen de la obra social, y cuyo cierre estaría definido, según resoluciones internas. Hubo protestas en delegaciones del organismo como la sedes de Mar del Plata, Puerto Belgrano, Santa Fe, San Juan, Córdoba, y otras ciudades y provincias del país.
Según esa organización gremial, que dictó el estado de alerta y asamblea permanente, hay en juego 1.450 puestos de trabajo. Para este jueves, anunciaron una marcha a la sede del ministerio de Defensa. El 30 de noviembre es una de las fechas en las que vencen contratos de trabajo en el Estado, y su renovación queda a tiro de una decisión política.
Desde OSFA informaron que “tendrá más farmacias” a disposición que durante la gestión anterior, con un modelo que “permitirá ahorrar más de 7.800 millones de pesos, que podrán ser destinados a prestaciones directamente”. Las autoridades apuntan que esos establecimientos eran los que ocasionaban el déficit, y tan solo “representaban el 1,4% del total de farmacias disponibles para los afiliados en todo el país”. “OSFA comienza con más de 2.000 farmacias para afiliados en todo el país, y bajo un modelo de convenio con farmacias, tiene como objetivo triplicar ese número”, indicaron. “La provisión de medicamentos continúa”, aclararon desde la obra social.
En lo que respecta a los hoteles, durante estas semanas hubo reclamos de sectores sindicales para que continúen estos beneficios para la familia militar. Los conflictos más resonantes fueron en Mar del Plata y en Córdoba.
“La reestructuración orgánica dispuesta por Decreto 778/2026, que elimina las áreas de turismo, ha puesto en riesgo la fuente laboral de más de 300 trabajadores y trabajadoras civiles que cumplen funciones en los 7 hoteles y residencias que se ubican estratégicamente en las áreas turísticas de nuestra provincia”, señaló el comunicado de ATE en una protesta en Córdoba. En algunos casos, se habría logrado un acuerdo para garantizar la continuidad de los puestos de trabajo hasta el mes de febrero.
Sin embargo, desde OSFA indicaron que la prestadora “se abocará 100% a las prestaciones médicas” y “no tendrá área de turismo y recreación”. “Lo que se estableció fue que los hoteles y centros recreativos, regresen a las FFAA que los aportaron originalmente, cuando se creó el IOSFA en 2013”, indicaron fuentes de la institución. De esa forma, el ministerio de Defensa, en conjunto con cada fuerza armada, definirá qué hacer con cada uno de los establecimientos turísticos. Quedarán por fuera de la órbita de OSFA.
En medio de esta transición, el nuevo DNU, en su artículo 7°, establece tres destinos posibles para los trabajadores del IOSFA en liquidación.
Por un lado, quienes sean seleccionados por la OSFA pasarán a ese organismo, según el régimen jurídico que corresponda a su situación de revista. El segundo grupo de aquellos que no sean transferidos quedarán bajo el control del administrador del IOSFA en liquidación, que deberá evaluar su situación. El tercer grupo está conformado por el personal de Gendarmería y Prefectura, que prestaba servicios en comisión o en adscripción en el IOSFA, y deberá regresar a su organismo de origen.
Concluido el proceso de disolución, el personal de planta permanente con estabilidad que quede en disponibilidad continuará en esa situación dentro del Ministerio de Defensa hasta su reubicación o su despido.
Las deudas y el estado de la obra social
La crisis en IOSFA tuvo una amplia repercusión política, desde que se conoció su proceso de disolución. La diputada nacional Lourdes Arrieta, que rompió con La Libertad Avanza (LLA), impulsó una denuncia penal acusando a Petri por “administración fraudulenta, malversación de caudales públicos, incumplimiento de deberes y abandono de persona” por el estado de la obra social. Según esa denuncia, una auditoría constató que la prestadora pasó de registrar un superávit de 25 mil millones de pesos, a acumular un rojo financiero superior a los 210 mil millones.
La vicepresidenta Victoria Villarruel se hizo eco de esa acusación. Desde las redes sociales, responsabilizó al ex ministro Luis Petri por la gestión en el organismo y planteó que debe responder “por la paralización casi total de la obra social que atiende a los militares y sus familias”, publicó en un mensaje en mayo pasado.
Ante la repercusión del tema, el ministro Carlos Presti calificó la creación en 2013 de la IOSFA como un “engendro” y aseguró que la prestadora “nunca funcionó bien”. En ese marco, planteó que las reformas en curso buscan garantizar una cobertura adecuada para la familia militar.
A comienzos de octubre, el Ministerio de Defensa anunció el pago de $8.000 millones a clínicas, sanatorios y otros prestadores de 12 provincias de la ex IOSFA. Los pagos se hicieron “para asegurar prestaciones críticas como internaciones, anestesia, diagnóstico por imágenes y laboratorios”.
Por otro lado, desde el 1 de octubre, OSFA revisó 21.000 solicitudes de reintegros pendientes por casi $10.000 millones. El ministerio de Defensa también informó que “inició gestiones” para firmar 1.000 convenios con prestadores que atendían al IOSFA. Más de 500 ya se firmaron, pero como “acuerdos transitorios”.
En sintonía con el nuevo rumbo de la prestadora y la reestructuración, el DNU de este miércoles adecua las condiciones para cumplir con el objetivo de fijar un límite del 8% para gastos administrativos y de funcionamiento, y “destinar la mayor proporción de los recursos a las prestaciones (+80%)”, señalaron fuentes castrenses a este medio.
“Esto forma parte del modelo de OSFA: una gestión más moderna, con control de gastos, procesos más eficientes e incorporación de tecnología para agilizar los trámites y mejorar la atención a los afiliados en todo el país”, agregaron.
La zaga de acontecimientos en la obra social sumó un nuevo episodio en septiembre, con la renuncia del coronel retirado Ariel Guzmán como administrador de la estructura residual del organismo. En su lugar, para completar el proceso de liquidación, asumió el contador Gonzalo Secchi, un profesional especializado en auditoría corporativa, contabilidad y derecho legal y tributario.
El plazo máximo de Secchi para completar la disolución de la obra social y su saneamiento es el 4 de febrero de 2027.