Pensiones por discapacidad: un estudio alerta sobre bajas incorrectas e ineficiencias en el sistema
Un informe privado sobre la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) reveló problemas estructurales en la gestión de las pensiones no contributivas por invalidez. Según el análisis, en el centro del escándalo se encuentran denuncias de corrupción y distintos focos de ineficacia en la administración de un rubro sensible del gasto público. Un ejemplo es la brecha entre provincias: Chaco tiene casi 11 veces más pensiones por invalidez que la Ciudad de Buenos Aires.
Los investigadores del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA) señalaron que “las mayores polémicas se generan porque el partido que fue votado para terminar con estas prácticas no solo que no fue capaz de eliminarlas, sino que está sospechado de aprovecharlas”. Esta situación refleja la naturalización de la corrupción dentro del sector público y pone en evidencia la falta de controles efectivos sobre los recursos destinados a personas con discapacidad.
Malas auditorías
El informe también resalta los problemas en las auditorías a las pensiones por invalidez, destinadas a personas con incapacidad superior al 66% y en situación de vulnerabilidad. Entre 2000 y 2023, el número de pensiones pasó de 75 mil a 1,2 millones, lo que generó la necesidad de una auditoría masiva. El informe indica que “pululan denuncias en distintas partes del país de personas con visibles manifestaciones incapacitantes cuyas prestaciones fueron suspendidas y otras que se quejan por el maltrato y el sometimiento a trámites muy engorrosos, burocráticos y hasta irrazonables”.
Los datos provinciales muestran desigualdades notables en la distribución de pensiones. Según IDESA, en Chaco hay 86 pensiones por invalidez cada 1.000 habitantes, mientras que en Salta, Tucumán y Catamarca la cifra es de 40 por 1.000, y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires apenas 8 por cada 1.000. “Estos datos muestran una gran dispersión en las pensiones no contributivas por invalidez según la provincia”, señala el informe, agregando que en provincias del norte y noroeste, como Chaco, Santiago del Estero, Formosa, Misiones, Corrientes y La Rioja, existen más pensiones por invalidez que Certificados Únicos de Discapacidad (CUD).
El plan de auditoría ejecutado por ANDIS para depurar el padrón de beneficiarios fue criticado por su implementación. IDESA sostiene que “la ANDIS implementó el plan de auditoría utilizando instrumentos muy rudimentarios. Aparentemente se enviaron citaciones de manera masiva y sin un criterio estratégico para que los beneficiarios se presenten en oficinas públicas”. El resultado fue un maltrato sistemático a personas con discapacidad, con largas esperas y suspensión arbitraria de beneficios.
El plan de auditoría ejecutado por ANDIS para depurar el padrón de beneficiarios fue criticado por su implementación. IDESA sostiene que “la ANDIS implementó el plan de auditoría utilizando instrumentos muy rudimentarios. Aparentemente se enviaron citaciones de manera masiva y sin un criterio estratégico para que los beneficiarios se presenten en oficinas públicas”. El resultado fue un maltrato sistemático a personas con discapacidad, con largas esperas y suspensión arbitraria de beneficios.