El Gobierno prorrogó un decreto que promueve el trabajo registrado y el acceso a beneficios para trabajadores rurales
El Gobierno nacional confirmó que volverá a prorrogar el Decreto N° 514/2021, que fue promulgado con la intención de promover el trabajo registrado y garantizar el acceso a beneficios sociales para los trabajadores rurales. Según la justificación, la medida fue extendida por un año para poder alcanzar los objetivos que fueron propuestos originalmente.
La decisión fue confirmada por medio de la publicación del Decreto 777/2025 en el Boletín Oficial, tras haber sido aprobada por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.
“Prorrógase la vigencia del Decreto N° 514 del 13 de agosto de 2021, sus normas complementarias y aclaratorias, por el término de UN (1) año, contado a partir del 1° de septiembre de 2025“, establecieron en el primer artículo del documento oficial.
De esta manera, las autoridades nacionales explicaron que el impacto de las políticas implementadas a partir del decreto original se reflejaron en la mejora de los ingresos y las condiciones de vida de los trabajadores rurales y sus familias.
Según lo expresado por diversos representantes de las economías regionales, asociaciones sindicales y entidades de productores subrayaron la importancia de mantener la vigencia de la norma para consolidar los avances logrados en materia de inclusión laboral.
Luego de haber entrado en vigencia, el Decreto N° 514/21 introdujo un conjunto de medidas orientadas a fomentar el trabajo registrado y ampliar los beneficios de la seguridad social para quienes desempeñan tareas en actividades temporales y estacionales del sector rural, así como para sus grupos familiares.
Entre los puntos centrales de la normativa, el artículo 2° dispuso que las asignaciones familiares correspondientes a los trabajadores contratados bajo las modalidades previstas no sean inferiores al 100 % del valor de la Asignación Universal por Hijo para Protección Social, conforme a las condiciones y términos establecidos por la reglamentación complementaria.
No obstante, el documento también hacía referencia a los beneficiarios de ayudas sociales como el plan Potenciar Trabajo y la Tarjeta Alimentar.
En lo que respecta a la articulación entre políticas sociales y empleo formal, el artículo 3° de la normativa estableció la posibilidad de que los beneficiarios de determinados programas y prestaciones sociales pudieran conservar dichos beneficios al ser incorporados bajo las modalidades de contratación contempladas en la norma.
En este sentido, las autoridades valoraron que esta disposición permitió que la transición hacia el trabajo registrado no implicara la pérdida de apoyos sociales, por lo que favoreció así la formalización laboral en el sector.
Por otro lado, recordaron que no se trató de la primera prórroga del Decreto N° 514/21, ya que previamente fue extendida por el Decreto N° 423/23. En esa normativa, las autoridades habían extendido que sus efectos por un período de dos años a partir del 1 de septiembre de 2023.
Frente al vencimiento de este plazo, distintos sectores vinculados a la producción y el trabajo rural han manifestado la conveniencia de prolongar la aplicación de la norma, con el objetivo de afianzar los resultados obtenidos en términos de inclusión y protección social.
Las medidas adoptadas a través de este marco normativo han sido reconocidas por su contribución a la inclusión laboral de los trabajadores rurales, así como a la mejora de sus ingresos y de las condiciones de vida de sus familias.
Este reclamo supo ser parte de un reclamo histórico de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), tras haber advertido que existían problemas para conseguir personal en las tareas de cosecha en las economías regionales, ya que esto implicaba para ellos la pérdida de acceso a las asignaciones familiares.
Para ese entonces, este sector representaba un 70% de la mano de obra rural contratada. Asimismo, este grupo estaba compuesto por más de 30 complejos productivos y el 63% de las explotaciones agropecuarias nacionales.