Exportadores en alerta por una medida que dolariza saldos adeudados de impuestos y pone en riesgo su cobro
Una reciente norma que posibilita la dolarización de saldos a favor de libre disponibilidad en impuestos nacionales vinculados a operaciones de comercio exterior y los reintegros a la exportación generó alarma en el sector y dudas sobre el cumplimiento de las deudas por parte del fisco. Los empresarios manifestaron su preocupación por la pérdida de competitividad que implica la medida y consideraron que expone la incapacidad del Estado de cumplir con esos pasivos.
Se trata de la resolución 1834, publicada esta semana en el Boletín Oficial, que instruye a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) a habilitar un mecanismo para que los exportadores y operadores de comercio exterior puedan expresar en dólares sus saldos a favor de libre disponibilidad y los montos de reintegros a la exportación acumulados hasta el 31 de octubre de 2025.
De acuerdo con la norma, quienes opten por esta modalidad —válida hasta el 1° de marzo de 2026— podrán convertir esos créditos al tipo de cambio vendedor del Banco Nación. ARCA, además, deberá definir el procedimiento de asignación directa o proporcional para determinar qué operaciones quedan alcanzadas.
La resolución también establece que, a partir del 1° de enero de 2027, los contribuyentes que hayan convertido sus saldos a dólares podrán compensarlos contra impuestos internos y tributos aduaneros cuya recaudación esté a cargo de la Dirección General de Aduanas, o solicitar directamente su devolución.
En este marco, la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA) aseguró que la medida no es una buena noticia ante el persistente reclamo por el fuerte incremento en los montos de reintegros y recupero de IVA pendientes de devolución.
En ese sentido, “esta demora se convierte en una pérdida de competitividad para el sector, desalentando la actividad”, sostuvo CERA y destacó que “la resolución sorprende pues, de alguna manera, efectúa un reconocimiento tácito de imposibilidad de cumplir la deuda con los exportadores”.
“El esquema opcional propuesto introduciría un diferimiento adicional a tasa cero en dólares, pero de costo financiero real para el sector privado, en muchos casos de sostenimiento imposible; esto a efectos de permitir que el Estado pueda postergar, aunque sea parcialmente, obligaciones que debiera cumplir en tiempo y forma. Desarrollar mercados requiere previsibilidad”, afirmó la entidad.
Consultado al respecto, el tributarista Sebastián Domínguez explicó que el sistema de devoluciones impositivas para exportadores “arrastra problemas desde su creación, en tiempos de Cavallo durante el gobierno de De la Rúa”.
Señaló que tanto la ex AFIP como ahora ARCA “han incumplido sistemáticamente los plazos”, provocando demoras en los reintegros vinculados a partidas arancelarias como en los recuperos de IVA asociados a operaciones de exportación. “La devolución debería ser simple y rápida cuando se cumplen los requisitos formales, pero eso nunca sucedió”, afirmó.
Domínguez advirtió que estas demoras tienen un efecto directo sobre la competitividad. “Si el exportador tiene un saldo inmovilizado, ese retraso se transforma en un costo financiero que termina trasladándose al precio de los productos y dificulta competir en los mercados externos”, expresó.
En ese contexto, consideró que la nueva resolución “parecería diferir aún más las devoluciones” y reclamó que el Gobierno “aclare cuál es el objetivo de la norma y si confirma que habrá un aplazamiento adicional”
Según el ex titular de Aduana, Guillermo Michel, la deuda de Impuesto PAIS con exportadores por reintegros y saldos de libre disponibilidad es de USD 1.500 millones. En total, el déficit de caja que se posterga al 2027 es de 0,2 puntos porcentuales del PBI aproximadamente.