Polémica en CABA: presentaron un proyecto para prohibir el uso de autos particulares en las aplicaciones de viajes
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se reaviva nuevamente la polémica por el servicio de pasajeros automotor, luego de la presentación de un proyecto de ley en la Legislatura porteña que “busca modernizar y ordenar” la actividad de taxis, remises y aplicaciones digitales.
El texto, que actualmente se encuentra en comisión para su tratamiento previo a su puesta en el recinto, propone una reforma integral del Código de Tránsito y Transporte. Y responde a la irrupción de nuevas tecnologías y a la “necesidad de modernizar el marco regulatorio, adaptándolo a las nuevas realidades de la movilidad urbana”.
El eje central de la iniciativa es la creación de un marco regulatorio unificado que abarque tanto a los servicios tradicionales como a las plataformas digitales de intermediación, conocidas popularmente como aplicaciones de transporte. El proyecto establece que solo podrán operar en la ciudad los vehículos habilitados, conducidos por choferes debidamente registrados y bajo relación laboral formal. De este modo, se prohíbe de manera expresa la intermediación con automóviles particulares no habilitados.
“La falta de actualización normativa ha derivado en múltiples problemas como la proliferación de servicios informales sin control, conflictos judiciales de difícil resolución, condiciones laborales desiguales entre choferes y la ausencia de criterios claros sobre la fiscalización de estas plataformas”, puntualiza el proyecto.
La presentación del proyecto, que cuenta con autoría del legislador Alejandro Grillo (Unión por la Patria) se realizó la semana pasada y cuenta con el apoyo de gremios como Peones de Taxis, Sindicato de Conductores de Taxis, Sociedad Propietarios de Automóviles con Taxímetro (SPAT), Union Propietarios De Autos Taxis (UPAT), CAMETAX y UPIMRRA.
Las aplicaciones de viaje, bajo la lupa
La propuesta reconoce la existencia de las Empresas de Despacho de Viajes basadas en plataformas digitales como Uber o Didi, que actualmente no sólo se han transformado en una alternativa de viajes muy utilizada, sino también en una fuente laboral de rápido acceso para miles de conductores. Sin embargo, les impone obligaciones estrictas.
Estas empresas deberán contar con domicilio legal y sede operativa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, inscribirse ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y tributar por la totalidad de los viajes iniciados en la jurisdicción. Además, cada viaje deberá registrarse en tiempo real en servidores administrados por el Estado, lo que permitirá verificar el cumplimiento tributario, la vigencia de los seguros y la integridad de la información.
A su vez, estas empresas deberán implementar un sistema de registro y transmisión de datos en tiempo real hacia un servidor espejo administrado por la Agencia de Sistemas de Información de la Ciudad. El sistema deberá contener información sobre todos los viajes despachados, actividad simultánea de conductores en más de una aplicación, situaciones excepcionales que modifiquen precios, datos para el cálculo de la cuota de mercado, cumplimiento de seguros, accesibilidad, tiempos de espera y condiciones contractuales impuestas a conductores y usuarios.
En caso de aprobarse, y durante el período de transición, las empresas de despacho de viajes habilitadas antes del 1 de enero de 2024 dispondrán de tres años para adecuar su operatoria a las nuevas exigencias. Mientras tanto, podrán continuar prestando servicios bajo las condiciones actuales, pero deberán avanzar en la adaptación a la normativa propuesta.
El texto del proyecto subraya que la falta de actualización normativa había derivado en servicios informales sin control, condiciones laborales desiguales y ausencia de criterios claros para la fiscalización de las plataformas. Según los fundamentos, esta situación generó incertidumbre tanto para usuarios como para trabajadores y para el propio Estado, que no lograba ejercer un control efectivo ni garantizar equidad en la prestación del servicio.
Otro punto es la seguridad y, en este sentido, el diputado Grillo amplió: “Buscamos un sistema más ordenado, con una competencia más igualitaria y con mayor resguardo y seguridad para los usuarios. Hoy, si una persona utiliza un vehículo a través de una empresa de despacho de viaje, el pasajero no cuenta con seguro y al conductor no se le exige una licencia de conducir profesional ni capacitación, como sí sucede con los taxistas o remiseros tradicionales”.
“Con esta propuesta reconocemos una demanda histórica del sector: la falta de competencia leal. Por eso abordamos distintos puntos, entre ellos, la seguridad del pasajero y los derechos laborales de los conductores de aplicaciones, que hoy no tienen protección ni cobertura laboral. Proponemos incluirlos bajo un régimen contractual formal”, amplió.
También indicó que la iniciativa busca que las aplicaciones de despacho de viaje redirijan sus pedidos al sector taxi, que históricamente fue clave en la Ciudad de Buenos Aires. “Antes había cerca de treinta y ocho mil licencias, y hoy sólo quedan activas diecisiete mil; muchas familias se vieron afectadas por estos cambios”, acentuó.
La situación de los taxis
En el caso de los taxis, la reforma apunta a una modernización normativa que reduzca cargas burocráticas, incorpore herramientas digitales y simplifique trámites, sin afectar los derechos laborales ni la seguridad del servicio. El texto establece que el servicio de taxi debe prestarse durante las 24 horas del día, todos los días del año, con jornadas laborales divididas en turnos de ocho horas como mínimo.
La prestación del turno asignado es obligatoria, mientras que la participación en otros turnos es voluntaria. El titular de la licencia podrá discontinuar la prestación hasta dos días por semana y hasta treinta días corridos al año para uso particular del vehículo, previa notificación a la autoridad.
En cuanto a la tarifa, el proyecto introduce un sistema de actualización automática basado en una fórmula polinómica que refleje las variaciones de costos del servicio. La tarifa se actualizará cada cuatro meses o cuando el índice supere el 10%, lo que ocurra primero, pero nunca antes de dos meses. El pago podrá realizarse en efectivo, con tarjetas de crédito o débito, o mediante medios electrónicos habilitados.
Los servicios de transporte de pasajeros en automóviles a título oneroso, solicitado a través de las empresas de despacho de viajes, solo pueden ser prestados por los vehículos habilitados para brindar tales servicios como Taxis y Remises.
Las aplicaciones deberán permitir: solicitar el servicio, pagar electrónicamente, geolocalizar el viaje, identificar al vehículo y al conductor, emitir señales de alarma y generar reportes electrónicos del viaje.
Los conductores deberán estar en línea (en BA Taxi) durante todo el turno obligatorio y podrán permanecer conectados mientras presten el servicio. La aplicación también garantizará la privacidad y protección de los datos personales, en cumplimiento de la normativa vigente. De aprobarse la norma, los conductores podrán operar más de una aplicación a la vez.
El marco para los remises
Respecto a los remises, el proyecto incorpora un título específico en el Código de Tránsito y Transporte, estableciendo reglas claras sobre habilitación, seguridad, seguros y condiciones de prestación. El servicio de remis solo podrá ser solicitado a través de una Agencia de Remises o una Empresa de Despacho de Viajes habilitada, y está prohibido tomar servicios fuera de estas vías, pregonar el servicio o situarse en paradas de taxis. Los precios serán libremente convenidos entre la agencia o empresa despachadora y el pasajero, pero la remuneración al conductor no podrá ser inferior a 5 fichas taxi por kilómetro recorrido dentro de la ciudad.
El texto también regula las características técnicas y operativas de los vehículos afectados al servicio, tanto taxis como remises. Se establecen requisitos mínimos de potencia, capacidad, antigüedad, homologación de fábrica, elementos de seguridad, calefacción y aire acondicionado. Todos los vehículos deberán superar una Verificación Técnica Vehicular anual y estar radicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Además, se prohíbe la publicidad exterior en remises y la prestación del servicio con motocicletas o triciclos. En este punto, Grillo amplificó: “Hoy podés pedir una moto y no sabés quién te lleva ni las condiciones que tiene para llevarte. Y una cosa es ir arriba de un vehículo de cuatro ruedas y otra muy distinta es ir arriba de una moto”.
En materia de relaciones laborales, el proyecto dispone que todos los conductores no titulares de licencia deberán desempeñarse como choferes bajo relación laboral, según la ley de contrato de trabajo, salvo en el caso de familiares directos, quienes deberán estar inscriptos como trabajadores autónomos o monotributistas. Los conductores deberán aprobar anualmente un examen psicofísico y un curso específico que incluya nociones de seguridad vial y calidad del servicio.
Sanciones y controles
La ley prevé la aplicación de sanciones para las agencias, conductores y empresas que incumplan las disposiciones. Las penalidades van desde apercibimientos y suspensiones hasta la caducidad de la habilitación y la inhabilitación para operar por hasta cinco años, según la gravedad y reiteración de las faltas. Entre las infracciones más graves se encuentran la adulteración de documentación, la prestación del servicio sin habilitación, la violación de límites de alcohol en sangre y la asignación de viajes a vehículos no habilitados.
Uno de los puntos destacados es la introducción de límites a la concentración de mercado. Cuando una empresa de despacho de viajes supere el 35% de la cuota de mercado en un mes calendario, la autoridad podrá promover activamente políticas antimonopolio para evitar posiciones dominantes y garantizar la pluralidad de operadores.
El proyecto también establece la creación de registros únicos para taxis, remises y empresas de despacho de viajes, con el objetivo de identificar a todos los actores, facilitar el control en la vía pública y evitar la prestación del servicio por parte de quienes no cumplan los requisitos legales. La información relevante será de acceso público a través de la página web del Gobierno de la Ciudad.
“La cantidad de taxis en funcionamiento en la ciudad se ha reducido drásticamente en los últimos años, reflejando tanto el impacto de la competencia desleal como la necesidad de adaptarse a los cambios tecnológicos y a nuevas modalidades de consumo”, concluye la normativa.
“Vos vas a cualquier capital del mundo y tenés un servicio de taxi propio. El techo amarillo de los autos negros en Buenos Aires es característico de nuestra historia. Y aspiro a poder hacer mi humilde aporte para cuidarlo”, determinó Grillo a este medio.