El Gobierno explicó los cambios en la SIDE y aseguró que responden a “los más altos estándares democráticos”
El gobierno nacional explicó hoy, a través de un comunicado de la Secretaría de Inteligencia (SIDE), la restructuración interna dispuesta en el decreto de necesidad y urgencia DNU 941/25. “Permite proteger al país frente a las amenazas contemporáneas, delimita competencias, reduce su estructura y fortalece los controles estatales”, señalaron las autoridades en el texto. A su vez, destacaron que los cambios responden “a los más altos estándares democráticos y republicanos”.
De manera puntual, la medida redefine las competencias institucionales, limita la Agencia de Seguridad Nacional únicamente a tareas de contrainteligencia y elimina organismos superpuestos como la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar.
Según explicaron fuentes oficiales, el decreto no modifica la conducción actual de la Secretaría de Inteligencia de Estado. La SIDE continuará encabezada por Cristian Auguadra como titular del organismo, con Diego Kravetz como segundo. Auguadra desarrolló su carrera en la estructura de inteligencia y llegó a la conducción tras desempeñarse en el área de Asuntos Internos, donde fue sucedido por Diego Enrique Valdiviezo.
Desde distintos sectores de la oposición política plantearon dudas y cuestionamientos a la reforma y anticiparon que la Comisión Bicameral de Inteligencia elaborará un pedido de informes a la Casa Rosada. Más allá de las críticas, al ser un DNU, el Gobierno cuenta con los votos necesarios para sostener su plena vigencia.
“Desde Provincias Unidas defendemos una regla básica: sin control del Congreso no hay democracia plena. Las reformas en inteligencia deben discutirse en el Parlamento, no imponerse por DNU”, planteó la presidenta del bloque Provincias Unidas, Gisela Scaglia.
“Si este DNU que modifica la Ley de Inteligencia Nacional lo hubiera firmado el kirchnerismo, estaríamos ante un escándalo institucional de proporciones históricas”, señaló, a su vez, Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica). “¿Por qué no discutir un tema tan relevante en el seno del Congreso, con debate plural, contralor efectivo y el pleno funcionamiento de los pesos y contrapesos institucionales?”, añadió.
Desde la Secretaría de Inteligencia del Estado destacaron que los desafíos globales contemporáneos y el nuevo rol central que ocupa la República Argentina en el escenario internacional, en el marco del liderazgo del Presidente Milei, exigen que el país cuente con un Sistema de Inteligencia “moderno, profesional y eficiente”.
Así, se explicó que la reforma tiene como eje central acotar, definir y clarificar con precisión tanto la estructura como las competencias del Sistema de Inteligencia Nacional, reducir su tamaño y restringir su intervención en áreas que no le son propias. En ese sentido, se delimita expresamente que la seguridad interna corresponde al Ministerio de Seguridad Nacional, la producción de inteligencia militar al Estado Mayor Conjunto, y la protección de la infraestructura crítica y de los sistemas de información del Estado a la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología.
En cuanto a la Agencia de Seguridad Nacional, su rol será abocarse exclusivamente a tareas de contrainteligencia. “Elimina superposiciones, estructuras innecesarias y misiones difusas que contribuían al desorden y a la falta de control”, se explicó en el texto.
“En ese marco, la contrainteligencia queda definida de manera clara y taxativa como la función destinada a proteger al Estado argentino frente a acciones de inteligencia, espionaje o injerencia de agentes externos, dejando atrás prácticas del pasado en las que los recursos del Estado fueron utilizados para la persecución política interna, el espionaje doméstico o el control indebido de dirigentes, periodistas y ciudadanos”, destallaron las autoridades.
Finalmente, la reforma establece un nuevo esquema de intercambio de información con el resto de los organismos del Estado, basado en la trazabilidad, la automatización y el registro obligatorio de cada requerimiento y de cada flujo de información. “Elimina la discrecionalidad y la arbitrariedad, garantiza la transparencia interna y fortalece los controles legales, técnicos y presupuestarios sobre el funcionamiento del Sistema de Inteligencia Nacional”, concluyeron.