El Gobierno intervino el Puerto de Ushuaia por desvío de fondos y tensiona con un gobernador opositor
A través de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), el Gobierno intervino por un plazo de 12 meses el Puerto de Ushuaia tras haber encontrado irregularidades financieras y desvíos de fondos que iban para financiar las arcas de la administración provincial de Tierra del Fuego que actualmente comanda el gobernador Gustavo Melella.
La medida fue firmada este martes por el titular del organismo nacional, Iñaki Arreseygor, a través de la Resolución 4/2026. En el Gobierno comentaron que la decisión se tomó “como resultado de la falta de respuestas concretas ante las inspecciones efectuadas, las denuncias de vaciamiento realizadas por los trabajadores y la preocupación de las empresas navieras que allí operan”.
Una de las principales acusaciones que realizaron desde la ANPyN es que las autoridades fueguinas no cumplieron con la Ley de Puertos, la cual obliga a que las administraciones portuarias no utilicen fondos de ese ámbito para financiar otro tipo de gastos que no sea para el mantenimiento o mejora de esos recintos.
“Se constató que la administración del gobierno provincial de Tierra del Fuego usó un 33% del presupuesto para subsidios de las arcas de la provincia, dejando solo un 1,3% para realizar obras y servicios que mejoren la calidad de los servicios brindados”, afirmaron desde el entorno de Arreseygor.
Esta estimación la deducen del análisis del Convenio de Colaboración n.° 26.174 entre el Gobierno Provincial y la Dirección Provincial de Puertos, liderado por Roberto Murcia, para otorgar una asistencia financiera por la suma de $ 4.000 millones.
En Nación destacaron que las inspecciones arrojaron fallas en la infraestructura portuaria, como el faltante de pilotes en el sitio 3 del muelle, la presencia de defensas gastadas, problemas con el tablestacado, deficiencias en la carpeta asfáltica; así como la falta de un registro de ingresos y egresos de dinero y compras, que la administración provincial tercerizó en una empresa que figura como habilitada para la venta de paraguas, termos y pelucas.
La intervención tampoco se produce sobre el vacío. Si bien el Puerto de Ushuaia es el segundo puerto de cruceros de mayor dimensión del país, no es el más grande en otro tipo de rubros. En particular, Melella es uno de los cuatro gobernadores kirchneristas con los que el Gobierno no quiere tener ningún tipo de vínculo y que no invitó a ninguna de las audiencias oficiales en los meses recientes. Habiendo puertos con infraestructuras deterioradas en diferentes puntos del país, la decisión oficial sugiere, al mismo tiempo, un avance contra la administración provincial.
Al menos así lo sugirió Murcia, uno de los apuntados por el Gobierno por este caso particular. “La resolución emitida por la autoridad nacional presenta una contradicción insostenible y evidencia un claro intento de forzar una intervención administrativa sin sustento”, marcó.
Por su parte, Melella dijo que no comparte “ni la medida ni sus fundamentos” y que “no existe una justificación objetiva para una decisión de esta magnitud”. “Mantengo diálogo permanente con el ministro del Interior, Diego Santilli, con el objetivo de encontrar una salida que preserve el normal funcionamiento del puerto y brinde previsibilidad a todos los sectores”, agregó a través de su cuenta oficial de X.
En el Gobierno creen que las conversaciones con Melella podrán encausarse si es que desplazan a Murcia de su cargo. “Si eso sucede, seguramente podamos tener un diálogo muy fructífero”, afirmó una fuente gubernamental.
Los puertos ubicados en la provincia de Tierra del Fuego son vistos como áreas de altísimo componente estratégico. Más que nada por funcionarios del Ministerio de Defensa, que lo consideran como un área estratégica en su cercanía con el continente antártico y como lugar de paso para cruceros turísticos, así como otros tipos de buques de bandera internacional.
De cualquier manera, en el Gobierno afirman que el motivo de la intervención se debe a razones que solo se limitan a las irregularidades detectadas por la ANPyN. “Se verificó la existencia de un desbalance entre préstamos otorgados y baja inversión en infraestructura, lo que podría comprometer la disponibilidad futura de recursos para atender las obras necesarias, afectando la capacidad operativa y la sostenibilidad del puerto”, indican los considerandos de la resolución firmada esta semana.
En Nación prometen prorrogar la medida en caso de no encontrar respuestas adecuadas de parte de la administración de Melella. Mientras tanto, la administración del Puerto de Ushuaia quedará en manos de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, mientras que Prefectura Naval Argentina asistirá en las tareas para optimizar las condiciones de seguridad. Las cuestiones operativas y las principales gerencias seguirán siendo gestionadas por el personal fueguino que ya trabaja en el puerto.