Causa Vicentin: declaró el titular de la SIGEN ante el juez Ercolini y defendió su rol técnico en el Banco Nación
El actual titular de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), Alejandro Díaz, prestó declaración indagatoria por su desempeño como síndico del Banco Nación durante el gobierno de Mauricio Macri, en el marco de una causa que investiga un presunto acuerdo entre la empresa Vicentin y la entidad para evitar el cobro de una deuda millonaria.
La indagatoria —instancia prevista en el Código Procesal Penal que no implica una definición de culpabilidad sino la posibilidad de ejercer defensa— se produjo en el marco del expediente que analiza, en forma puntual, presuntas irregularidades en el otorgamiento y posterior refinanciación de créditos a la firma santafesina.
La declaración de Díaz
En su testimonio de casi tres horas, el síndico General de la Nación sostuvo: “El cliente operaba con el banco hacía más de 30 años y era el más importante de la entidad financiera. Todos los informes de los cuales tuve conocimiento solo mencionaban la necesidad de un encuadramiento que resultaba generado por situaciones exógenas al cliente y estaba dado en tres situaciones: dos transferencias que había realizado el BNA al Tesoro Nacional y las variaciones en el tipo de cambio que se dieron durante el año 2019”.
Díaz también aseguró: “La información que tuve durante mi labor fue que el banco intentaba encuadrar la situación del cliente a través de un seguro de caución, y que esa situación estaba en conocimiento de la autoridad regulatoria. El síndico no debe vincularse con las actividades operativas, puesto que ello resultaría ser un condicionamiento a la hora de realizar una función técnica objetiva e independiente”, añadió.
Además, el titular de la SIGEN se refirió al mecanismo de control utilizado en organizaciones de la envergadura de Vicentin y resaltó que “casualmente” su imputación en la causa se produjo recién en el mes de septiembre del año pasado, cuando ya había sido nombrado síndico General de la Nación.
En ese marco, señaló: “No logro comprender las imputaciones que se me puedan hacer en esta causa como consecuencia de mi rol como síndico de la empresa, siendo que me apoyé en áreas técnicas especializadas, que en ningún momento me alertaron de un posible riesgo de default, sino todo lo contrario: esos documentos reflejaban la solvencia del cliente. Por lo tanto, al no recibir ninguna alerta, nada estaba a mi alcance para actuar de manera distinta a la que lo hice”.
El eje: el rol del síndico
Según surge de la reconstrucción judicial, el foco estuvo puesto en el papel que Díaz desempeñó como síndico del Banco Nación durante ocho meses, entre julio de 2019 y marzo de 2020.
En su declaración, el funcionario sostuvo que su intervención constaba del control de legalidad y del análisis de la información contable del banco, sin facultades ejecutivas ni voto en las decisiones comerciales adoptadas por la entidad. Es decir, defendió que su rol no era resolutivo sino de control de legalidad y de fiabilidad de la información financiera emitida por el banco.
La causa gira en torno al proceso que permitió a Vicentin acceder a financiamiento por cifras que rondaron los 300 millones de dólares durante la gestión comercial de los últimos años (la empresa tenía una extensa trayectoria como cliente del Banco Nación). La Fiscalía investiga si existieron desvíos en la aplicación de normas o falta de resguardos suficientes para proteger los intereses de la entidad.
En ese esquema, el accionar de los órganos de fiscalización quedó bajo análisis.
Embargos, imputaciones y un presunto perjuicio millonario
En paralelo al avance del expediente, el Juzgado Federal N° 10 ya dispuso embargos preventivos e inhibiciones generales de bienes sobre ex directivos del Banco Nación y responsables del grupo empresario. La medida alcanzó a 18 ex funcionarios de la entidad y a empresarios de Vicentin.
Entre los imputados, figuran el ex presidente del Banco Nación, Javier González Fraga; el ex vicepresidente Lucas Llach; y los directores Carlos Alberto Castellani, Ercilia Antonia Nofal, Miguel Ángel Arce, Guillermo Goldberg, Jorge Alberto Lawson, Marcelo Javier Pose, Javier Okseunik y Agustín Pesce.
También fueron alcanzados Juan José Fragati (gerente general), Martín Enrique González (subgerente de Banca Corporativa), Susana Graciela Ojeda (subgerente de Riesgo y Política de Crédito), Maricel Leonor Moschini (subgerente de Soporte Crediticio), José Luis Testa (gerente zonal), Luis María Celestino Restelli (gerente zonal), Darío Marcelo Giacossa (gerente de sucursal), Néstor Ariel Bled (gerente de sucursal), Alexis Diosnel Tortul (responsable de la plataforma comercial) y el propio Alejandro Fabián Díaz, en su carácter de síndico.
Por parte del Grupo Vicentin, la medida recayó sobre su presidente de la empresa, Néstor Buyatti; el vicepresidente, Alberto Julián Macua; el apoderado Herman Roberto Vicentin; y los directores Martín Sebastián Colombo, Roberto Oscar Vicentin y Máximo Javier Padoan.
Según la resolución judicial, la “finalidad del embargo se extiende a asegurar la eventual imposición y cumplimiento del decomiso, y de esta manera impedir que se consolide el provecho del delito en cuestión”.
El juez Ercolini planteó además que deberá considerarse “la posible pena de multa que pudiera dictarse y la solidaridad en la obligación de reparar el daño que pudiera recaer sobre todos los responsables del delito”.
Agosto-diciembre de 2019: el período bajo la lupa
La resolución judicial señala que entre agosto y diciembre de 2019 —los últimos meses del gobierno de Mauricio Macri— funcionarios del Banco Nación y empresarios del Grupo Vicentin “habrían generado” que las compañías Vicentin SAIC y Algodonera Avellaneda SA defraudaran a la entidad pública por un perjuicio patrimonial de USD 304.328.665,75, suma que “hasta la actualidad continúa siendo de cobro incierto”.
La Justicia sostiene que los funcionarios del banco “habrían omitido intimar” a las empresas por deudas vencidas y exigibles desde el 8 de agosto de 2019, originadas en préstamos concedidos como prefinanciación de exportaciones.
El fallo también advierte que entre el 8 de agosto y el 3 de diciembre de 2019 se habrían liberado, desde dos cuentas, un total de $43.449.104.966, autorizando 125 transferencias hacia otra cuenta corriente radicada en la misma entidad. El magistrado enfatizó que “el banco carecía de facultades para cobrarse”.
Para el juzgado, existió una presunta “actuación coordinada entre funcionarios del Banco Nación y empresarios”, que habría perjudicado patrimonialmente a la entidad financiera, mediante el otorgamiento irregular de 28 préstamos por un total de USD 105.500.000, concedidos entre el 8 y el 26 de noviembre de 2019.
A pedido del fiscal Gerardo Pollicita, Ercolini citó a declaración indagatoria a 26 personas que en 2019 integraban los directorios de la cerealera y del Banco Nación, acusadas de haber cometido un presunto fraude millonario contra el Estado.
Alejandro Díaz inició sus actividades como síndico del Banco Nación a mediados de julio de 2019, tan solo unos días antes de los primeros atrasos en los vencimientos de Vicentin. Luego, permaneció en su puesto durante ocho meses y declaró que, tras su salida, no tuvo intervención en los hechos posteriores.
Sobre la refinanciación recibida por Vicentin durante el mes de noviembre de 2019 y el encuadramiento de límites a través de garantías, Díaz manifestó en su indagatoria no contar con ningún elemento que hiciese presumir la existencia de riesgo crediticio, sino todo lo contrario: los informes técnicos de las áreas operativas y de supervisión indicaban solvencia del cliente, y la refinanciación generada con estas operaciones es una práctica habitual en el sistema financiero. El banco obtenía un beneficio económico y posibilitaba que el cliente presentara las garantías que se estaban resolviendo o en proceso de resolución.
“No encontré motivo para oponerme a la toma de conocimiento de esta refinanciación. Si lo hubiese hecho, no hubiese tenido elementos para defender mi posición y no hubiese cambiado el rumbo de operaciones ya concretadas”, sintetizó Díaz en su presentación.
En ese tablero judicial, la declaración de Alejandro Díaz marca un punto clave: el intento del titular de la SIGEN de delimitar su responsabilidad a un rol técnico y de control, basado en informes de áreas operativas que conforman el sistema de control interno de la organización y sus líneas de defensa.
El inicio de la gestión de Díaz en la SIGEN
Mientras el expediente judicial sigue su curso, puertas adentro de la SIGEN la actual conducción puso en marcha una agenda orientada —según destacan desde el organismo— a fortalecer los mecanismos de control y auditoría del sector público nacional.
En sus primeros meses al frente del organismo, Díaz impulsó una revisión de los circuitos internos para la ejecución de auditorías, con foco en la trazabilidad de los expedientes y en la digitalización de procesos para reducir márgenes de discrecionalidad. También promovió la actualización de manuales de procedimiento y la coordinación con unidades de auditoría interna de distintos ministerios y empresas estatales, en un intento por homogeneizar criterios técnicos.
Ese perfil técnico es el que el funcionario intentó remarcar en su exposición judicial: la diferencia entre la función de control formal y la decisión política o comercial que adoptan los directorios de las entidades públicas. En el caso puntual del Banco Nación, insistió en que la sindicatura no tenía atribuciones para bloquear operaciones crediticias, sino para emitir recomendaciones y dejar constancia de observaciones, que no pudo formular porque no existían elementos ni evidencias que hicieran presagiar el colapso del cliente en cuestión.