Nueva concentración en la CNEA: trabajadores reclamaron por las desvinculaciones y el desalojo
Trabajadores de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) volvieron a manifestarse este miércoles frente a la sede central del organismo, ubicada sobre la avenida del Libertador al 8200, a la altura de Ramallo, en el barrio porteño de Núñez. La convocatoria, prevista para las 9 de la mañana, se realizó en rechazo a las desvinculaciones informadas por el Gobierno y en repudio al operativo de Gendarmería Nacional que desalojó el edificio durante la protesta del martes.
La manifestación se desarrollaba sobre la vereda, sin corte de tránsito. En el lugar también permanecían efectivos de las fuerzas de seguridad apostados frente al ingreso de la sede.
La nueva concentración se produjo un día después de que la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) tomara el edificio de la CNEA para denunciar el despido de casi un centenar de empleados del organismo. La medida derivó en un operativo de Gendarmería Nacional y en el desalojo de los manifestantes.
Tras esos hechos, el Gobierno salió a responder las denuncias sindicales y aseguró que no se trató de despidos, sino de la no renovación de 61 contratos de plazo fijo firmados durante 2023, bajo la gestión anterior de la CNEA.
De acuerdo con la información oficial, 42 de los 61 contratos correspondieron a trabajadores con nivel educativo primario o secundario, sin formación terciaria ni universitaria. El Ejecutivo sostuvo además que no hubo bajas entre ingenieros nucleares ni entre el personal técnico especializado que desarrolla las tareas centrales del organismo.
La postura oficial buscó responder a la denuncia realizada por ATE, que sostuvo que las desvinculaciones alcanzaron a “profesionales, investigadores, técnicos y personal especializado con más de 10 años de antigüedad que sostienen áreas críticas del desarrollo nuclear argentino”.
El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, difundió la convocatoria y las medidas de fuerza a través de sus redes sociales. El martes había anunciado una permanencia en el edificio hasta obtener respuestas de las autoridades y aseguró que el presidente de la CNEA, Martín Porro, “está atrincherado por decisión propia”.
El gremio calificó las bajas como una “canallada” e invocó el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que garantiza la estabilidad laboral en el Estado. Además, sostuvo que existe un intento de desmantelar el organismo para facilitar una futura privatización.
Durante la jornada del martes también se registraron incidentes en el edificio de la CNEA. Según fuentes de las fuerzas de seguridad, el personal desvinculado ingresó de manera irregular a la sede, lo que motivó el despliegue de refuerzos de Gendarmería Nacional, que custodia el predio por tratarse de una institución estratégica. De acuerdo con esa versión, un efectivo sufrió lesiones leves en la boca y dos escudos resultaron dañados durante el operativo.
Horas antes de la ocupación del edificio, el vocero presidencial, Adrián Ravier, había informado que la estructura de la CNEA se redujo un 57,83%, al pasar de 645 a 272 cargos. En ese contexto, explicó que el Gobierno retomó un promedio de alrededor de 3.000 bajas mensuales en la administración pública nacional como parte del proceso de revisión de estructuras y dotaciones.
Ravier también precisó que, además de las desvinculaciones, 3.983 trabajadores se acogieron a planes de retiro voluntario en distintos organismos nacionales, entre ellos Belgrano Cargas, Casa de la Moneda, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), la Fábrica Argentina de Aviones (FADEA), Radio y Televisión Argentina (RTA), la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), el Instituto Nacional del Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Programa de Asistencia Médica Integral (PAMI). Además, señaló que las autoridades superiores del Estado se redujeron un 36% respecto de la gestión anterior, con una disminución del 50% en ministerios, 39% en secretarías, 32% en subsecretarías y 45% en cargos de asesores.