Tras la polémica, el gobierno confirmó que la Ley del Libro no se tratará en el Congreso
La Ley del Libro “no entró ni va a entrar” al Congreso. La decisión fue confirmada por el presidente Javier Milei.
Antes, la senadora Patricia Bullrich había anticipado a este medio que la decisión del bloque es “avanzar hacia medidas más estructurales”. Y afirmó: “Farmacias y librerías no lo son”.
El anteproyecto que salió de las oficinas del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, preveía eliminar la Ley de Defensa de la Actividad Librera que establece que el editor fija un precio para sus libros y que ese precio será el único al que se puede vender. Lo que se conoce como Ley de Precio Fijo.
La idea tenía el objetivo de que la competencia de precios hiciera bajar el valor de bolsillo de los libros. Y había provocado rechazo en gran parte del sector editorial y librero, que sostiene que ese precio único impide que los grandes jugadores hagan “dumping”, subsidiando los títulos más masivos y llevándose así a los clientes de los emprendimientos más pequeños. Que esto haría que cerraran muchas librerías que venden -además de los grandes tanques- títulos de tiradas menores y que esto afectaría la diversidad de los libros disponibles.
Hace unos días, desde el ministerio de Desregulación sostuvieron: “El proyecto tiene como objetivo principal que los libros sean más accesibles para los lectores. Para lograr esto, lo que hace es eliminar una restricción que hoy impide que las librerías compitan en precios mediante descuentos, promociones u otras estrategias comerciales. Está claro que cuando hay más competencia, los consumidores tienen más opciones y mejores precios. La experiencia internacional respalda ese enfoque. No existe evidencia en el mundo de que el precio fijo sea necesario para preservar la bibliodiversidad”.
Y subrayaron: “La reforma que se está trabajando no elimina editoriales, librerías, derechos de autor ni políticas culturales. Lo que elimina es una prohibición para competir en precios”.
Sin embargo, este jueves, Bullrich dijo que la intención en este momento es “avanzar hacia medidas más estructurales”. Y que “Farmacias y librerías no lo son”. Por eso, por el momento, la medida quedó fuera de la agenda legislativa.
Voceros del ministerio de Desregulación, sin embargo, dijeron esta mañana que “no hay nada definido” respecto de la ley. Como trascendió que en el día de ayer Bullrich había dicho que la derogación de esa ley “en este momento no está ni en el Congreso ni está en ningún proyecto que podamos debatir”, desde las oficinas de Sturzenegger interpretan la frase como algo preciso. La norma, admiten: “no está en ningún proyecto en el Congreso que se pueda debatir hoy”.
En el día de ayer, integrantes de la Cámara Argentina de Librerías Independientes estuvieron en la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados para explicar el porqué de su rechazo a la norma. Recientemente, en diálogo con este medio uno de los miembros de esa cámara, Juan Pablo Armenio, contó que la experiencia de desregulación en Inglaterra terminó con el cierre de 500 librerías, la reducción de la cuota de mercado de las librerías chicas y el aumento de precio de los libros, salvo los best sellers, que sí bajaron.
Distintas voces
Desde que se conoció la iniciativa, el mes pasado la defensa de la Ley de Precio Fijo por parte del sector fue masiva. Lo hicieron desde las librerías independientes hasta actores de gran volumen, como Adolfo de Vincenzi, el CEO del grupo ILHSA, dueño de las librerías Yenny y El Ateneo, quien había dicho: “Para los supermercados el libro debe ser el 0,5% de las ventas. Lo pueden regalar sin ningún problema. Este país, que se caracteriza por tener muchas librerías, pasaría a tener un negocio que agonizaría. Me imagino a los supermercados o a Mercado Libre jugando en este mercado y rompiéndolo en dos segundos. Hoy ya tenemos problemas con Mercado Libre, porque su plataforma está hecha para favorecer el precio más barato”.
Sin embargo, otros libreros y editores reconocieron que la Ley del Libro quedó atrasada frente a los cambios que impuso la tecnología y que, de todos modos, se cumple de manera parcial. “¿Podemos pensar una actualización? Sin lugar a dudas. Pero desregularla no es la forma de hacerlo”, dijo recientemente Víctor Malumián, responsable de Godot, una editorial pequeña, y organizador de la Feria de Editores, que acaba de terminar con un récord de casi 40.000 visitantes en cuatro días.
“Hay quienes entienden que la ley debe seguir como está y otros que creen que sería beneficiosa una modernización de la ley actual, ya que desde su implementación han aparecido nuevos formatos y cambios en los hábitos de consumo”, había dicho Christian Rainone, presidente de la Fundación El Libro. Que también afirmó: “Es fundamental destacar que las librerías no son simples comercios: funcionan como verdaderos centros culturales locales que cumplen una función social irremplazable de promoción de la lectura y dinamización comunitaria”.
Otro editor, que no quiso dar su nombre, dijo que cuando se hacen descuentos “la verdad es que se vende más” y que las rebajas no son tan terribles. Y otro, de una empresa grande, cuestionó: “Ahora bien si se desatara una competencia feroz por el libro, para qué pagar un alquiler comercial en un lugar top? Te lo ponés a vender por el canal digital y te ahorrás personal, alquiler, costos…”
Entre julio y hoy el sector editorial intentó llegar a las autoridades y ser escuchados. Esta semana lo hicieron en Diputados. Desde las oficinas de Sturzenegger dijeron a este medio que estaban dispuestos a hablar con todo el mundo pero que tampoco había que excluir a los lectores, que son quienes compran. Aunque, por supuesto, es muy difícil saber quién los representaría en una mesa de diálogo.
Por el momento, entonces, no habrá cambios en la ley que protege la actividad librera, lo que puede leerse como una victoria de un sector con llegada a la sensibilidad argentina.