La Legislatura de Neuquén comenzará a realizar narcotest periódicos a sus miembros
La Cámara de Diputados de Neuquén aprobó por mayoría el protocolo de control toxicológico que regirá para los 35 integrantes del Poder Legislativo provincial.
Durante la sesión que tuvo lugar este miércoles, el recinto aprobó la resolución 1248, que establece los procedimientos de los testeos que serán de carácter aleatorio, sorpresivo y obligatorio y se desarrollarán dentro del propio edificio de la Legislatura.
Esta medida nace de la Ley 3531 de Exámenes Toxicológicos Obligatorios Para Funcionarios Públicos, reglamentada por el gobernador Rolando Figueroa en febrero de este año. Sin embargo, no se había aplicado todavía en la Cámara bajo el argumento de no contar con un protocolo. La propuesta obtuvo 30 votos afirmativos y dos negativos frente a la oposición.
La legislación implementada por Figueroa fijó en principio los controles toxicológicos como un requisito de permanencia en cargos públicos dentro de los tres poderes del Estado provincial. El costo de cada examen recaerá sobre el propio legislador sometido al control.
En cuanto a la mecánica del procedimiento, la norma establece que los testeos tendrán una periodicidad mínima bimestral. La convocatoria será inmediata, personal y reservada, y los exámenes se realizarán exclusivamente en las instalaciones del edificio legislativo, sin traslado a centros externos. El universo alcanzado comprende a la totalidad de diputadas y diputados en ejercicio, de acuerdo a los detallado por LegislaturaNeuquen.
El área de Medicina Laboral de la Legislatura asumirá la coordinación técnica del operativo con independencia de las autoridades políticas. Ese sector articulará con el laboratorio o equipo técnico habilitado por la autoridad sanitaria competente la realización en el lugar de los test rápidos. También le corresponde garantizar la correcta toma de muestras, preservar la confidencialidad y la privacidad de cada procedimiento, sostener la cadena de custodia y documentar tanto la gestión técnica del operativo como cualquier incidencia que pueda presentarse.
Los exámenes podrán ejecutarse durante el funcionamiento de las comisiones y de las sesiones de Cámara, incluidas las preparatorias, las extraordinarias y la actuación de la Comisión Observadora Permanente. Esa definición amplía las instancias en las que puede aplicarse el protocolo, más allá del recinto principal o de las sesiones ordinarias.
Ante un resultado positivo en el test inicial, la norma prevé la realización de un análisis confirmatorio en un laboratorio habilitado.
La resolución recientemente aprobada representa el capítulo más reciente de un proceso que tomó forma legislativa en septiembre de 2025, cuando la Legislatura sancionó la ley que estableció los controles toxicológicos como obligatorios para los tres poderes del Estado provincial.
En septiembre de 2025 la ley que impuso el narcotest obligatorio para los funcionarios de los tres poderes del Estado provincial, obtuvo 29 votos positivos y dos negativos de los diputados del Frente de Izquierda. Horas después de la aprobación, el gobernador Rolando Figueroa se convirtió en el primer funcionario en someterse al examen y obtuvo resultado negativo.
“Los funcionarios tenemos que predicar con el ejemplo”, escribió Figueroa en su cuenta de X, donde compartió un video del procedimiento. Al conocer el resultado, el mandatario expresó que la medida brindaba “tranquilidad a la sociedad respecto a nuestra salud” y subrayó que quienes toman “decisiones trascendentes” deben hacerlo con plena conciencia.
La norma alcanza a titulares del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial, y se extiende a ministros, magistrados, fiscales, defensores, intendentes, concejales, secretarios, fiscales de Estado y directivos de organismos autárquicos y empresas estatales. La negativa injustificada a realizarse el test equivale a un resultado positivo, con la pérdida del cargo como consecuencia.
El procedimiento busca detectar metabolitos de opioides, cannabinoides, cocaína, anfetaminas, benzodiacepinas y barbitúricos, entre otras sustancias. La periodicidad mínima fijada es anual, y el análisis se realiza en el laboratorio del Ministerio de Salud de la provincia.