Antes del debate de la Ley de Glaciares, el gobernador Raúl Jalil advirtió: “No hay impacto ambiental más negativo que la pobreza”
“No hay impacto ambiental más negativo que la pobreza”. Con esa definición, el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, defendió el proyecto de Ley de Glaciares que el Senado tiene previsto tratar este jueves y que busca promover la actividad minera bajo nuevos parámetros regulatorios.
Jalil precisó: “Todo proyecto —hacer una casa, un hotel o una explotación minera— tiene su impacto ambiental. Lo que debe evaluarse es el balance que dicho emprendimiento tiene en la economía y en la política ambiental de la provincia”. Así respondió a las críticas de sectores que advierten sobre posibles daños a los ecosistemas y la salud de la población.
El gobernador remarcó que la actividad minera está sometida a estrictos controles. “No hay ninguna actividad que tenga tanto control, desde audiencias públicas, como la minería”, subrayó. Detalló que para otorgar una Declaración de Impacto Ambiental a una empresa que pretenda explorar o explotar un yacimiento deben cumplirse instancias específicas de evaluación.
“Cuando se genera una declaración de impacto ambiental de una empresa que desea explorar o explotar un yacimiento minero, debe atravesar tres controles”, explicó Jalil. Según describió, el primero es el control ambiental, que calificó como “muy importante” para las provincias y en el que —aseguró— se han registrado avances, incluso en articulación con comunidades locales. El segundo es el control económico, es decir, que el proyecto tenga un impacto positivo en la economía y contribuya a mejorar la calidad de vida de los catamarqueños.
En esa línea, Jalil destacó el destino de los fondos derivados de la actividad. “Todos los recursos de las regalías o fondos extra regalía van a las comunidades”, señaló. Añadió que estos ingresos permiten “cambiar la matriz económica”, fortalecer el turismo, la agroindustria y financiar obras estratégicas en la puna catamarqueña y la región cordillerana.
El mandatario vinculó el debate legislativo con la discusión sobre federalismo y competencias. “Fuimos al Congreso, a las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Ambiente y Desarrollo Sustentable, a defender esta ley que le regresa derechos a las provincias”, expresó.
En ese contexto, citó el artículo 41 de la Constitución Nacional, que establece la obligación de proteger el ambiente sin impedir el desarrollo humano, y el artículo 124, que reconoce que las provincias son originarias de los recursos naturales existentes en su territorio. Para Jalil, el proyecto se enmarca en esa lógica: preservar el ambiente sin clausurar las posibilidades de desarrollo productivo.
El tratamiento del proyecto en el Senado ocurre con el respaldo de los gobernadores de provincias cordilleranas, que consideran la minería un eje central de sus economías regionales. La iniciativa es vista como clave para el desarrollo de distritos como Jujuy, Salta, La Rioja, Catamarca, Mendoza, Neuquén, Santa Cruz y Chubut, donde la actividad tiene un peso significativo en términos de empleo, inversiones y generación de divisas.
El bloque del presidente Javier Milei busca reunir los votos necesarios, con el acompañamiento de senadores aliados, para aprobar el proyecto en la sesión prevista para mañana. Desde el oficialismo sostienen que la reforma permitirá dar mayor previsibilidad al sector y fortalecer el perfil exportador del país, en un momento en que la minería —en especial el litio— es presentada como uno de los motores potenciales de crecimiento.
Jalil planteó que el debate trasciende la coyuntura política. “Agradezco que esto se trate en el Congreso, porque fue un pedido de los gobernadores al presidente Milei y le agradezco que hoy se esté debatiendo”, afirmó. Su declaración sintetiza la posición de los mandatarios provinciales que impulsaron la discusión en la Cámara alta: una apuesta por consolidar un marco normativo que, según sostienen, combine control ambiental, desarrollo económico y mayor protagonismo de las provincias en la gestión de sus recursos naturales.
Mientras los sectores críticos alertan sobre los riesgos ambientales, los gobernadores del arco cordillerano insisten en que la discusión no puede omitir la dimensión social. Para Jalil, la clave está en evitar que el debate ambiental se convierta en un obstáculo para combatir el problema más urgente: la pobreza.