Aprobaron un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo para fortalecer al PAMI
El Gobierno nacional le dio luz verde a un nuevo acuerdo de financiamiento proporcionado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que permitirá fortalecer el sistema de atención a jubilados y pensionados. De acuerdo con el decreto publicado esta madrugada en el Boletín Oficial, la entidad financiera otorgará un préstamo de USD 500.000.000.
Con la aprobación del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo, este viernes se aprobó el contrato con el BID, mediante la publicación del Decreto 764/2025. No obstante, el contrato quedará sujeto a la aprobación final del Directorio Ejecutivo del BID.
“Apruébase el Modelo de Contrato de Préstamo BID N° AR-L1411 a celebrarse entre la República Argentina y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por un monto de hasta USD 500.000.000 destinado a financiar el ‘Programa de Fortalecimiento del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados’”, informaron en el documento.
Para el seguimiento y administración del acuerdo, las autoridades facultaron al Ministro de Economía y al Secretario de Finanzas, o a los funcionarios que estos designen, a suscribir el contrato y toda la documentación adicional en nombre del país, siempre bajo la condición de que el programa reciba el visto bueno definitivo del banco internacional.
Además, brindaron la potestad de negociar y firmar eventuales modificaciones al contrato, siempre que no impliquen alteraciones sustanciales en el objeto o destino de los fondos, ni aumentos en el monto total ni cambios en el procedimiento arbitral acordado.
De la misma manera, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), conocido como PAMI, fue designado como organismo ejecutor del programa. Así, esta entidad, que opera dentro del ámbito del Ministerio de Salud, tendrá la responsabilidad de llevar adelante todas las operaciones y contrataciones necesarias para la implementación del préstamo, siguiendo las normas y procedimientos establecidos en el contrato aprobado.
Con este paso, el Estado nacional buscará canalizar recursos internacionales para reforzar la estructura y los servicios destinados a los adultos mayores, en un contexto de necesidad de financiamiento externo y de fortalecimiento de la red de protección social.
Previo a esto, la operación fue analizada por varios sectores del Estado, entre ellos, el Banco Central de la República Argentina (BCRA).
En línea con esto, la entidad financiera nacional concluyó que el impacto “será acotado y consistente con la dinámica prevista para las operaciones externas”. Así, quedó habilitada la negociación con las autoridades del BID.
Por otro lado, la Oficina Nacional de Crédito Público, dependiente del Ministerio de Economía, manifestó no tener objeciones respecto a la transacción. Incluso, remarcaron que el financiamiento del BID “en función de que el costo financiero del préstamo de referencia, basado en la información disponible y los supuestos realizados, es inferior al que la República podría obtener en el mercado”.
La aprobación del préstamo buscaría transformar las políticas de salud pública en Argentina, debido a que su objetivo sería optimizar la atención integral de enfermedades crónicas y ampliar el acceso a tratamientos oncológicos.
Esta iniciativa, que también contemplaría la extensión de la cobertura de servicios de cuidado para personas con dependencia funcional, se apoyaría en la sistematización avanzada de la información generada por los sistemas institucionales, con el objetivo de fortalecer la gestión pública.
Entre los objetivos centrales del plan aprobado figura el incremento de la cobertura para hipertensión, diabetes y enfermedad renal, así como la reducción de los tiempos de espera en intervenciones quirúrgicas relacionadas con cáncer de mama y colon.
El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), en su informe técnico, destacó que el préstamo permitirá mejorar el acceso a servicios de cuidado para personas con dependencia funcional, contribuyendo a un modelo integral de atención para la población beneficiaria.
En cuanto a los términos financieros, el préstamo aprobado por el BID contempla un plazo de amortización de 25 años, con un período de gracia de 5,5 años y una tasa de interés ajustada sobre el índice SOFR.