Cuáles son los tres municipios bonaerenses que cobrarán una “tasa vial” del 2% a las estaciones de servicio en 2026
Tras la controversia por la suba de tasas en Pilar, otros municipios bonaerenses avanzan con aumentos y nuevas alícuotas sobre los combustibles. Es el caso de Cañuelas, Ramallo y Coronel Suárez, donde los intendentes impulsan tasas viales de 2% sobre la facturación de las estaciones de servicio.
En primer lugar, Cañuelas dispuso la aplicación de un recargo de entre el 1% y el 2% sobre el precio de los combustibles líquidos y del gas natural comprimido (GNC) que se expendan en el distrito, en concepto de “Tasa Municipal de Mantenimiento Vial”. La iniciativa fue impulsada por la intendente Marisa Fassi.
La ordenanza determina que el gravamen se aplicará sobre el precio de venta sin impuestos y asigna a las estaciones de servicio del distrito el rol de agentes de retención. En consecuencia, estarán obligadas a empadronarse ante el municipio antes del 1 de febrero de 2026 para dar cumplimiento a la normativa vigente.
La decisión alinea a Cañuelas con numerosos municipios de la provincia de Buenos Aires que ya cuentan con este gravamen. En esos distritos, las alícuotas vigentes se ubican entre el 0,5% y el 2,5% e incluyen a Avellaneda, Almirante Brown, Quilmes, Berazategui, Florencio Varela, Ezeiza, Tigre, Escobar, Pilar, Moreno, La Matanza, Lomas de Zamora y Lanús, entre otros.
De todos modos, la puesta en marcha de la tasa dependerá del pronunciamiento de la Asamblea de Mayores Contribuyentes, que se reunirá la próxima semana para dar luz verde o rechazar el nuevo tributo.
Fuerza tributaria
En tanto, el intendente de Coronel Suárez, Ricardo Moccero, propone la creación de una tasa vial que suma un 2% al precio de la carga.
Por otra parte, en el municipio de Ramallo, conducido por Mauro Poletti, el nuevo Código Tributario podría habilitar la creación de una tasa del 2% sobre los combustibles.
“Es una gota en el mar lo que se va a cobrar. En un tanque de combustibles puede representar 1200 pesos por cada 60 mil o 70 mil pesos que cuesta cargar un tanque de nafta o en tanques grandes no más de 1800 pesos”, dijo Poletti en diálogo con La Nueva Radio.
Fassi (Cañuelas) y Poletti (Ramallo) fueron electos intendentes por Fuerza Patria, el más reciente rótulo electoral del kirchnerismo, en tanto que Moccero (Coronel Suárez) fue candidato de un partido vecinalista.
Fernando Rolando, gerente de la Federación de Empresarios de Combustibles de la República Argentina (Fecra), afirmó: “Nuestra posición es contraria a las tasas municipales, porque ya hay impuestos y tasas en el combustible que cubren esas necesidades. Hoy, aproximadamente la mitad del costo corresponde a impuestos y tasas; por lo tanto, sumar uno más distorsiona los precios y genera desigualdades competitivas entre distritos”.
En cuanto al impacto en surtidores, señaló: “Hay que ver cuál es la metodología de cálculo porque cada municipio pone reglas dispares, pero el aumento de precios sería aproximadamente del 1 por ciento”.
Economía vs intendentes
En ese contexto, cabe recordar que a comienzos de este año el Ministerio de Economía avanzó con una demanda judicial contra el Gobierno de la provincia de Buenos Aires y el municipio de Lomas de Zamora por el cobro de la tasa vial, un recargo aplicado sobre el precio del litro de combustible que, según el Gobierno nacional, resulta ilegal.
El planteo oficial se apoya en la Ley de Coparticipación, que establece que los gobiernos subnacionales no pueden gravar las mismas actividades que ya están alcanzadas por impuestos nacionales.
En este caso, el argumento es que la Nación recauda a través del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL), mientras que la tasa vial replica ese esquema al aplicarse como un porcentaje sobre el expendio de combustibles.
Como parte de su estrategia para presionar a los intendentes a reducir o eliminar este tipo de cargos, el Gobierno impulsó inicialmente una medida de carácter informativo: obligar a las estaciones de servicio a advertir de manera visible, mediante una leyenda específica, si en esa jurisdicción se aplica la tasa vial, con el objetivo de transparentar el impacto del tributo sobre el precio final que pagan los consumidores.
El conflicto por las tasas
La suba de tasas municipales en Pilar volvió a tensar la relación entre los intendentes y el Gobierno nacional, que reclama desde el año pasado una reducción de estos gravámenes para evitar su traslado a precios.
En ese marco, el Ejecutivo lanzó el Portal de Transparencia Tributaria Municipal, que expone las tasas que cobra cada jurisdicción —incluida CABA—, sus bases imponibles y alícuotas.
El caso de Pilar fue uno de los disparadores: el municipio elevó la Tasa de Protección Ambiental, reemplazando un esquema de monto fijo por una alícuota del 2% sobre cada operación, calculada sobre el importe neto de IVA y aplicada a ventas en supermercados, shoppings, hoteles, industrias, servicios y universidades privadas.
La medida generó fuertes críticas, incluso del ministro de Economía, Luis Caputo, quien volvió a cuestionar a los intendentes por subir tasas mientras el Gobierno nacional reduce impuestos y promovió el nuevo portal para transparentar estos cargos.
El relevamiento oficial muestra fuertes disparidades en la Tasa de Inspección, Seguridad e Higiene: Lanús lidera con una alícuota del 6%, seguida por Pilar (4,5%), Quilmes (3,74%) y otros municipios bonaerenses con porcentajes superiores al 2%. En cuanto a la tasa vial, General Pueyrredón y Pinamar encabezan con un 3%, mientras que varios distritos del conurbano aplican entre 2% y 2,5%.
La ofensiva del Ejecutivo contra estas tasas viene de larga data. Caputo pidió a las provincias que impulsen su derogación cuando no guarden relación con el costo del servicio o coincidan con impuestos nacionales, y advirtió sobre posibles sanciones, como la suspensión de la coparticipación.
El Gobierno sostiene que estas prácticas son “ilegales y arbitrarias”, afectan la lucha contra la inflación y motivaron incluso la habilitación de canales de denuncia y una resolución que prohíbe incluir tasas municipales en facturas de bienes y servicios, lo que derivó en una ola de amparos judiciales de los intendentes.