Dólares del colchón: Kicillof mantendrá los controles sobre los contribuyentes para el cobro de impuestos locales
En contraposición con las recientes medidas anunciadas por el Gobierno nacional para incentivar el ingreso de dólares no declarados al circuito formal, la provincia de Buenos Aires reafirmó su decisión de mantener sin cambios su esquema de fiscalización tributaria. Tanto el gobernador Axel Kicillof como el director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, coincidieron en que el relajamiento del régimen informativo por parte de ARCA constituye, en la práctica, un blanqueo encubierto pero sin el respaldo normativo correspondiente.
“Mucho ruido y pocas nueces”, lanzó Kicillof en una conferencia de prensa este lunes por la mañana, al referirse a los anuncios encabezados por el ministro de Economía, Luis Caputo, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y el titular de ARCA, Juan Pazo. “Pareciera ser un intento de blanqueo permanente, pero sin aprobación legislativa. La normativa sobre investigaciones patrimoniales y sobre el origen de los fondos no ha cambiado”, agregó.
El Gobernador remarcó que lo único que varió fue el régimen informativo que actuaba como una alerta temprana ante operaciones sospechosas, como la compra de bienes por montos desproporcionados respecto de los ingresos declarados. “Antes, si alguien sin ingresos o con un salario bajo empezaba a comprar vehículos o inmuebles por 50 mil dólares al mes —más de medio millón de dólares al año—, eso generaba una alerta. Ahora, ese umbral se elevó y la alerta desaparece”, advirtió.
Desde ARBA, el posicionamiento fue igualmente firme. En un comunicado oficial, su titular, Cristian Girard, cuestionó la falta de claridad en los anuncios del Ejecutivo nacional y sostuvo que las medidas “carecen de seguridad jurídica y parecen más una promesa electoral que una política tributaria efectiva”. Además, consideró que se trata de un manotazo de ahogado ante las dificultades para acumular reservas durante la liquidación de la cosecha gruesa.
El titular de la agencia recaudadora bonaerense alertó que lo que se está presentando como una “reparación para ahorristas” no es otra cosa que un “mecanismo de blanqueo encubierto que habilita la legalización de flujos de fondos no declarados”. Según explicó, este régimen no apunta a los ahorros acumulados previamente, sino a evitar que se sigan acumulando fondos en negro con la expectativa de un nuevo blanqueo más adelante.
Girard también advirtió que el cambio del régimen informativo, sin una ley que modifique el marco penal tributario, deja a los contribuyentes “en un limbo legal”. “No se explicita si el anuncio tendrá efectos retroactivos ni cuáles son sus límites reales”, señaló. Y fue aún más contundente: “Esto no es una amnistía ni un nuevo orden fiscal. Lo único concreto es que ARCA deja de controlar”.
Controles en Buenos Aires
Por su parte, Kicillof enfatizó que la provincia no tiene competencia directa sobre delitos como la evasión o el lavado de dinero, pero sí puede controlar con firmeza el cumplimiento tributario provincial. “Nosotros no cobramos Ganancias, pero sí seguimos trabajando para que el sistema sea ágil y justo. Lo que corresponde es que cada uno tribute según su capacidad contributiva”, subrayó.
En cuanto al alcance real de las medidas nacionales, Kicillof expresó: “Parece más una estrategia para legalizar fondos sin origen claro. Si alguien sistemáticamente empieza a comprar propiedades o depositar sumas importantes y no tiene cómo justificarlo, eso sigue siendo delito. Pero ahora el Estado nacional ha reducido su capacidad de detectarlo en tiempo real”.
Desde ARBA insistieron en que, ante la falta de normativa sancionada por el Congreso, la provincia continuará utilizando todas las herramientas que le otorga la ley para fiscalizar con normalidad. “Los impuestos provinciales como Ingresos Brutos, el Inmobiliario y Automotor no se ven afectados. Seguimos aplicando los mismos criterios de control”, afirmó Girard.
Ambos funcionarios también apuntaron a los riesgos de enviar señales equivocadas a los contribuyentes. “Mientras no haya un marco legal claro, estas medidas confunden. Y si luego se detectan fondos ilícitos, la responsabilidad será de quienes decidieron no reclamar lo que corresponde”, sostuvo el director de ARBA.
Para cerrar, Girard reafirmó la postura de la provincia: “Desde ARBA vamos a seguir garantizando el cumplimiento tributario con las herramientas que nos otorga la ley. Nuestra tarea es asegurar que quienes tienen mayor capacidad económica tributen lo que corresponde. Esa es la única forma de construir un sistema justo y de recaudar con equidad para sostener políticas públicas que beneficien al conjunto de la sociedad”.