El Ejecutivo frenó la transferencia de las plataformas de CINE.AR y vuelve a ser gestionada por el INCAA
El Poder Ejecutivo dio marcha atrás con el traspaso de las plataformas digitales de CINE.AR, hacia la ex Secretaría de Comunicación y Medios de la Presidencia, por lo que se mantendrán bajo la órbita de Cultura. La decisión se tomó tras precisarse la transferencia a Contenidos Artísticos e Informativos Sociedad Anónima Unipersonal (CAI S.A.U.) —ordenada a principios de año— no llegó a concretarse y resultó desaconsejada por el nuevo interventor de la empresa.
A partir de la reciente publicación del decreto 821/2025, la normativa que anunciaba el pase hacia la secretaria que conducía el vocero presidencial, Manuel Adorni, quedó derogada. De esta manera, el decreto 194/2025, que también aplicaba para las extensiones CINE.AR PLAY y CINE.AR ESTRENOS dejará de tener efecto, y dichas plataformas continuarán dependiendo del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA).
“Si bien conforme lo ordenado por los artículos 2º y 3º del mentado decreto, la ex-SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN Y MEDIOS y la SECRETARÍA DE CULTURA iniciaron las acciones tendientes a efectivizar esa transferencia, esta aún no se ha concretado”, subrayó la normativa publicada este miércoles en Boletín Oficial.
Cabe recordar que hace poco más de una semana, el Gobierno suprimió la Secretaría de Comunicación y Medios, a partir del nombramiento que el presidente Javier Milei le tomó a Adorni como jefe de Gabinete de Ministros, un puesto que quedó vacío tras la salida de Guillermo Francos. De esta manera, las tareas del área pasaron a la Jefatura que conduce el vocero.
De acuerdo con el documento publicado el 17 de marzo pasado, se ordenaba el traspaso de las plataformas de difusión, los derechos, bienes, presupuesto y personal afectado desde el INCAA a CAI S.A.U., una sociedad surgida de la transformación de Contenidos Públicos Sociedad del Estado, orientada a la gestión de señales televisivas y contenidos audiovisuales del Estado.
Entre los argumentos sostenidos en aquel entonces, el Gobierno aseguraba que “ha tomado distintas medidas tendientes a ordenar y equilibrar las cuentas públicas, transparentar el gasto y lograr que los recursos disponibles se dirijan a quienes más lo necesitan de manera eficiente, con el objetivo de potenciar el crecimiento económico y su contribución al desarrollo del país”.
Además, aseguraban que “la transferencia propiciada permitirá consolidar las actividades relacionadas con la producción y difusión de contenidos culturales bajo un solo ente, maximizando las sinergias y evitando la duplicación de funciones, contribuyendo a una utilización más eficiente del presupuesto estatal y fortaleciendo la presencia de la producción audiovisual nacional en las diferentes plataformas, potenciando su alcance y su impacto en la comunidad”.
Según el informe del nuevo interventor, Carlos María Curci González, la intervención de CAI S.A.U. no concluyó con el objeto asignado, por lo que avanzar con la transferencia no contribuiría a los objetivos de la empresa. “Entre las razones expuestas, manifiesta que la intervención de CONTENIDOS ARTÍSTICOS E INFORMATIVOS SOCIEDAD ANÓNIMA UNIPERSONAL (CAI S.A.U.), la cual fue prorrogada, no ha concluido con su objeto, y la ejecución del traspaso ordenado por el Decreto N° 194/25 no contribuiría a cumplir tales objetivos”, específica el texto.
El propio decreto recuerda que, en su momento, la administración resolvió la intervención de varias empresas públicas —incluida Contenidos Públicos Sociedad del Estado—, con el mandato de convertirlas en sociedades anónimas conforme al régimen de la Ley General de Sociedades. Dentro de ese proceso, se dispuso la transformación de la ex Contenidos Públicos en CAI S.A.U., hoy bajo intervención estatal. Asimismo, por la Decisión Administrativa N° 5/25 se prorrogó la intervención para cumplir objetivos pendientes asociados a la transformación y administración eficiente.
El traspaso que había ordenado la norma ahora derogada respondía, en los fundamentos oficiales, a la supuesta necesidad de centralizar y racionalizar la explotación de señales públicas, así como de maximizar sinergias, asegurar coherencia en las políticas audiovisuales y fortalecer la pantalla nacional.