Incendios en la Patagonia: tras el pedido de los gobernadores, el Gobierno transferirá $ 100.000 millones a los Bomberos Voluntarios
Los incendios activos en la Patagonia se colocaron en la primera plana de la agenda nacional por la gravedad de los mismos y su prolongación por estas semanas. La urgencia es tal que el Gobierno reunirá este mediodía a la mesa chica de funcionarios para determinar si impulsará la Emergencia Ígnea en el Congreso, algo que fue presionado en los últimos días por los gobernadores sureños, quienes creen que puede salir a través de un DNU.
Antes de que se determine qué decisión política se tomará, este jueves a la madrugada se publicó en el Boletín Oficial la Resolución 91/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional, dirigida por Alejandra Monteoliva, la cual establece una serie de medidas para el fortalecimiento del financiamiento del sistema de Bomberos Voluntarios en todo el país.
Según la resolución, las Asociaciones de Bomberos Voluntarios, como entes de primer grado, recibirán un total de $100.810.319.998,50. Este monto se distribuirá entre 1.062 asociaciones, con una asignación de 94.924.971,75 pesos para cada una. Los fondos están destinados a la adquisición de equipamiento, materiales, equipos de vestuario y otros elementos necesarios para la lucha contra el fuego y la protección civil, además del mantenimiento de dichos recursos.
Las entidades de segundo grado provinciales, que agrupan a las federaciones provinciales, percibirán $7.754.639.995,93. La distribución se realizará según la cantidad de entidades afiliadas informada por cada federación, y los recursos se destinarán a gastos de funcionamiento, representación y cumplimiento de obligaciones legales. Además, se asigna otro monto igual, 7.754.639.995,93 pesos, para programas de capacitación de bomberos voluntarios y directivos de las mismas instituciones, en concordancia con lo dispuesto por la Ley Nacional N° 25.054.
La resolución fue firmada el martes pasado por la tarde. En esa misma jornada, los gobernadores de la Patagonia le solicitaron formalmente al Congreso de la Nación el tratamiento de una Declaración Nacional de Emergencia Ígnea.
El pedido fue realizado por mandatarios provinciales de diferente signo político como Ignacio Torres (Chubut), Sergio Ziliotto (La Pampa), Alberto Weretilneck (Río Negro), Rolando Figueroa (Neuquén) y Claudio Vidal (Santa Cruz).
En el Gobierno reconocen que el pedido de los gobernadores no fue el disparador de la medida, pero que sí se produce para tratar de mitigar las críticas -tanto de esos actores como a nivel general- sobre la política oficial al respecto de los incendios en la Patagonia.
“Estamos tratando de contrarrestar un poco las críticas sobre los incendios. Las balas en esos temas entraron”, reconocen fuentes inobjetables.
Como punto complementario, varios de estos gobernadores son considerados como aliados clave del Gobierno para las votaciones de la agenda en las sesiones extraordinarias, como la reforma laboral. Consideran que los pedidos de votos se iban a complicar si es que la Casa Rosada no realizaba un gesto componedor.
Aunque resulta un acercamiento concreto de parte de Nación, los gobernadores aún no realizaron comentarios sobre si la medida resulta satisfactoria y era lo que efectivamente estaban buscando. Entre los gobernadores está la presunción de que el Gobierno podría determinar sacar un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) con la Emergencia Ígnea y así dar por terminada la discusión y no ocupar tiempos del Congreso en ese debate.
En tanto, en Chubut confirmaron que se efectivizó una transferencia por $4.000 millones en concepto de ATN para la provincia, la más afectada por los incendios recientes.
En los considerandos de la Resolución se expresa que la medida de financiamiento se produce por “los desastres de gran magnitud acaecidos en diferentes provincias durante el último año y previstos para el presente” y que “resulta necesario dotar a las entidades de bomberos voluntarios más afectadas, con equipamiento que les permita cubrir adecuadamente las emergencias propias de su jurisdicción, territorio provincial y/o interprovincial en que prestan servicios”.
La Agencia Federal de Emergencias (AFE), a través de la Dirección Nacional de Bomberos Voluntarios, recibirá $2.584.880.009,64. Este presupuesto estará orientado a cubrir gastos de fiscalización, establecimiento de centros regionales de control, adquisición de equipamiento, movilidad, traslados, formación de instructores, diseño de cursos y subsidios extraordinarios en situaciones de emergencia, así como otras obligaciones establecidas por la normativa vigente.
El Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República Argentina, como ente de tercer grado, tendrá dos asignaciones. La primera, de $7.754.640.000, se destinará a gastos de funcionamiento y desarrollo de la Academia Nacional de Capacitación de Bomberos Voluntarios. La segunda, de $ 2.584.880.000, será para cubrir gastos de funcionamiento, representación institucional y cumplimiento de obligaciones legales.
La resolución establece que se priorizarán las transferencias a las asociaciones que hayan presentado la documentación en tiempo y forma, y se dará preferencia a las provincias con menor cantidad de entidades en casos de emergencia federal.