La Justicia avanza sobre el borrado de pruebas y encubrimiento de la financiera ligada a la AFA
El Juzgado federal de Lomas de Zamora, a cargo de Luis Armella, indagó ayer a tres de los cuatro empleados detenidos en la causa Sur Finanzas. El último imputado será interrogado hoy, luego de que su abogado solicitara una prórroga para analizar las pruebas incorporadas al expediente.
En paralelo, los peritos judiciales comenzaron a clasificar la documentación contable y el material informático secuestrado en los 14 allanamientos realizados el jueves en las oficinas, domicilios particulares, depósitos, un parador de Pinamar y galpones ubicados en esa ciudad balnearia, en Lomas de Zamora y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entre las empresas alcanzadas por las medidas figuran el Centro de Salud RDA Imágenes, en Lomas de Zamora, y Sur Corralón.
El magistrado y su equipo investigan un presunto esquema de lavado de activos, evasión fiscal y encubrimiento de pruebas que tiene como principal señalado al empresario Ariel Vallejo, financista con fuerte inserción en el negocio del fútbol y empresario cercano al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.
Los cuatro nuevos imputados, todos empleados de Sur Finanzas, son Daniela Sánchez, secretaria privada de Vallejo —también imputado en la causa—; Juan Soler, empleado administrativo; César Zapaia; y Rolando Soloaga, jefe de choferes de la firma. Están acusados de haber participado en maniobras de encubrimiento y destrucción de pruebas destinadas a obstaculizar la investigación judicial.
Según la resolución del magistrado, los imputados “habrían tenido un alto grado de participación en las maniobras imputadas, a lo que se suma el poder económico y la gran cantidad de recursos del grupo empresarial Sur Finanzas, con lo cual entiendo se verían acrecentados los riesgos procesales de fuga y de entorpecimiento probatorio respecto de aquéllos”.
La fiscal federal Cecilia Incardona les atribuye haber intervenido en un presunto plan interno para ocultar y destruir prueba clave para la causa.
El análisis de teléfonos celulares secuestrados permitió reconstruir conversaciones en las que, según los investigadores, se impartían órdenes para retirar computadoras, extraer dinero en efectivo de sucursales, borrar planillas y eliminar registros de cámaras de seguridad.
La investigación también pone el foco en el rol de Susana Hoffmann, jefa de Recursos Humanos, quien habría enviado un mensaje a Juan Soler con la instrucción de ingresar a las computadoras de los cajeros y desconectar los programas, con el objetivo de inutilizar los sistemas informáticos e impedir el rastreo de operaciones financieras bajo análisis judicial. En uno de los mensajes incorporados al expediente se lee: “Ingrese a las computadoras de los cajeros y desconecten los programas”.
Como ya informó este medio, Armella dispuso además la detención domiciliaria de otras tres personas: la tesorera de la financiera, Micaela Sánchez, y los custodios Sergio Da Silveira y Juan Cervín. Los tres fueron detenidos a fines del año pasado cuando retiraban computadoras y documentación de un galpón de Turdera, en el sur del Gran Buenos Aires. Están procesados por el delito de encubrimiento agravado.
En el voluminoso expediente judicial consta que en la madrugada del 1° de diciembre de 2025, mientras los efectivos de la Policía Federal desplegaban un mega operativo en Adrogué y distintas localidades de Lomas de Zamora para desbaratar la presunta cueva financiera ligada al fútbol, dentro de las oficinas de Sur Finanzas se desplegaba un protocolo especial similar al que realizaron los responsables de los laboratorios del fentanilo mortal: borrar servidores, destruir material contable, esconder computadoras y falsificar documentación para engañar a la Justicia y proteger el negocio multimillonario vinculado a la pasión de multitudes.
Las pruebas reunidas llevaron al Juzgado Federal N.° 2 de Lomas de Zamora a ordenar la detención de piezas consideradas clave en la estructura investigada: Juan Miguel Soler (técnico), César Zapaia (oficial de cumplimiento), Rolando Soloaga (jefe de seguridad) y Micaela Sánchez, tesorera de la firma.
El expediente se inició en noviembre pasado a partir de una denuncia de la Dirección General Impositiva, que advirtió maniobras que habrían permitido evadir $3.327 millones en impuestos.
Los dispositivos electrónicos de Ariel Vallejo ya fueron desbloqueados y se encuentran bajo análisis de la Policía Federal, con intervención de la DAJUDECO y la PROCELAC, en un trabajo orientado a reconstruir el circuito financiero completo.
El foco central de la investigación es la relación entre Sur Finanzas y distintas instituciones deportivas a las que la firma habría asistido financieramente a cambio de intereses elevados.
En el caso de San Lorenzo, la Justicia detectó transferencias con tasas calificadas en el expediente como “usurarias” y sostiene que la operatoria se habría ejecutado “con el permiso y recomendación de la AFA”.
Incluso, de acuerdo con la documentación judicial, la propia AFA habría indicado al club que recurriera a Sur Finanzas para obtener financiamiento. También se estableció que la Liga Profesional de Fútbol depositó fondos de televisión correspondientes a un club en Neblockchain, identificada en la causa como Sur Finanzas.
La operatoria bajo análisis alcanza a 17 clubes: Independiente, Racing, San Lorenzo, Barracas Central, Acassuso, Almirante Brown, Banfield, Defensores de Belgrano, Deportivo Armenio, Dock Sud, Excursionistas, Los Andes, Morón, Platense, Estrella del Sur de San Vicente, Temperley y Victoriano Arenas.
Con cuatro nuevos empleados imputados por encubrimiento y destrucción de pruebas, tres personas bajo arresto domiciliario y el análisis en curso de documentación contable y dispositivos electrónicos, la causa avanza sobre un entramado que conecta finanzas, fútbol y presuntas maniobras millonarias que quedaron bajo la lupa judicial.