La UIA alertó por una Ley que le quita un beneficio clave a las pymes: de qué se trata y qué impacto tendrá en el crédito
Aunque el presidente Javier Milei ya anticipó que vetará la reciente reforma jubilatoria aprobada la semana pasada por el Congreso, los industriales advierten con preocupación acerca del impacto que tendrá en la financiación de las pymes la quita de exenciones impositivas a las Sociedades de Garantía Recíprocas (SGR).
Mediante un extenso informe dado a conocer este miércoles, la UIA reclamó la revisión del artículo 10° de la reforma, aprobada el pasado 10 de julio, que anula beneficios en el Impuesto a las Ganancias e IVA para integrantes y usuarios del sistema, ya que esta medida va a desalentar aportes de empresas inversoras y va a encarecer el acceso al crédito para miles de firmas de menor tamaño.
Según la entidad, la pérdida de estos incentivos fiscales va a poner en riesgo el acceso al financiamiento de cientos de miles de empresas y puede afectar la estabilidad del propio sistema de SGR, con efecto negativo directo sobre la posibilidad de renovar o ampliar avales y líneas de crédito. El informe de la entidad describe el rol del esquema de garantías recíprocas y detalla las posibles consecuencias para el entramado productivo nacional.
El sistema de SGR opera desde hace más de tres décadas como una herramienta público-privada destinada a avalar créditos otorgados por bancos o el mercado de capitales a micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs), especialmente aquellas sin garantías propias suficientes. El dispositivo profundizó su impacto en lo territorial, sectorial y social, al dinamizar el crédito productivo y multiplicar el acceso en todo el país.
En el último año, precisó el informe de la UIA, el entramado de garantías recíprocas avaló la toma de financiamiento de 100.000 pymes, con un monto activo de $2,85 billones. Si se anulan los incentivos fiscales que impulsan estos esquemas, se va a desactivar una de las mayores herramientas de acceso financiero y sostenimiento de empleo e inversión en el país, advirtió la central fabril. Aunque los industriales señalan que el sistema puede mejorar en eficiencia y cobertura, también enfatizan la centralidad de las SGR para financiar pyme en regiones donde el crédito escasea.
Escaso crédito en la Argentina
Sobre el vínculo entre SGR, pyme e industria, el operativo de avales resulta determinante para el crecimiento y la incorporación de tecnología. La situación es especialmente crítica en la Argentina, donde el crédito al sector privado alcanza solamente el 11% del PBI, frente al 60% en países vecinos y más del 100% en Chile. La restricción de financiamiento obstaculiza inversiones y limita la posibilidad de las empresas de expandirse o competir, tema central que el informe de la UIA articula en su advertencia.
En el país, mientras entidades desarrolladas o de escala regional pueden ofrecer préstamos de hasta 7 o 10 años enfocados en inversión, el plazo promedio del crédito argentino se limita a 24 o 36 meses, lo cual eleva los costos y restringe el margen de maniobra productiva. Las micro, pequeñas y medianas empresas sufren aún más esas restricciones, ya que sus patrimonios y niveles de facturación les impiden acceder fácilmente a préstamos, y los montos posibles suelen ser inferiores a los requeridos para la expansión sostenida.
El crédito específico a PyME, medido sobre el PBI, se mantiene en niveles muy bajos: 1,6% en 2024 y 2,3% en 2025, de acuerdo a datos del Banco Central. Esa brecha de financiamiento se alivia en parte gracias al sistema de SGR, que facilita garantías autoliquidables, y habilita el acceso a crédito formal en mejores condiciones y tasas. De las más de 42.000 pymes con aval vigente —máximo histórico—, el 94% pertenece a los estratos micro y pequeño, y el 77% encuentra salida crediticia vía bancos o cheques de pago diferido.
El sistema distribuye $2,85 billones en financiamiento garantizado, lo que representa el 15% del stock bancario pyme; abarca desde leasing hasta cheques de pago diferido, lo que cubre diversas necesidades según el sector productivo. Un rasgo central del informe de la UIA es el énfasis en cómo las SGR amortiguan la retracción crediticia en momentos de incertidumbre económica y sostienen recursos para proyectos viables que, sin este mecanismo, quedarían excluidos.
Eje del conflicto
El eje de conflicto resultó el artículo 10° de la reforma previsional sancionada el 10 de julio de 2025, que eliminó exenciones fiscales fundamentales al sector. Por un lado, los aportes al fondo de riesgo en carácter de “socios protectores” dejan de gozar de exención al Impuesto a las Ganancias, haciéndolos menos atractivos para inversores y reduciendo el capital disponible para avales. Por otra parte, la reforma suprime la exención del IVA sobre las cuotas pagadas por las empresas, lo que incrementa los costos directos para las pyme que buscan acceder al sistema.
El documento de la UIA advierte que esta doble quita puede romper el círculo virtuoso de incentivos: sin beneficios impositivos, empresas e individuos dejarían de invertir como socios protectores, achicando el fondo de riesgo y disminuyendo la cantidad y monto de avales otorgados. De agravarse el retiro de inversiones, el informe alerta sobre posibles situaciones límite como el congelamiento de nuevos avales, suspensión de renovaciones y sobreapalancamiento de las sociedades que, en muchos casos, dependen en forma directa del fondo de riesgo alimentado por estos aportes.
Además de degradar la posibilidad de acceso a crédito, desde la entidad referencian el riesgo de un efecto directo sobre el empleo y la inversión. La UIA subraya que pasar recursos fiscales desde líneas de crédito pyme hacia el sistema jubilatorio “sin consenso sectorial ni análisis de impacto” constituye un cambio de lógica de riesgo alto e impacto inmediato sobre la economía productiva nacional.
El informe detalla que aún con espacio para mejorar eficiencia, alcance y federalización, el sistema de SGR sigue siendo estratégico para sostener el entramado productivo, especialmente en el interior. Según los cálculos de la organización, el sistema, con respaldo y mayor apalancamiento, podría alcanzar hasta $3,8 billones en garantías, lo que ampliaría de manera significativa la inclusión crediticia.
Entre las propuestas que el sector expuso en su análisis aparece la sugerencia de revertir la eliminación de beneficios fiscales, fortalecer el apalancamiento en instrumentos de calidad y ajustados a la realidad pyme, y crear espacios de diálogo entre representantes empresariales, mercados, SGR y sector público para consensuar nuevas reglas y optimizar el uso del gasto fiscal.