El Gobierno de Israel tomó distancia de una petrolera que operará en las Islas Malvinas y ratificó su vínculo con la Argentina
El Gobierno de Israel se desmarcó públicamente de la participación de una empresa vinculada a capitales israelíes en un proyecto de explotación petrolera en el Atlántico Sur, en una zona cuya soberanía reclama la Argentina y administra de facto el Reino Unido. La aclaración llegó tras la protesta formal presentada por la Casa Rosada, en línea con la práctica diplomática que todos los gobiernos argentinos han sostenido frente a actividades hidrocarburíferas impulsadas por las autoridades coloniales en Malvinas.
El encargado de fijar la posición oficial fue el canciller israelí Gideon Sa’ar, quien difundió un mensaje en la red social X para separar de manera clara el accionar de una empresa privada de la postura del Estado israelí y, al mismo tiempo, ratificar el carácter estratégico de la relación bilateral con la Argentina. La declaración se conoció después de que Buenos Aires expresara su rechazo a la decisión del consorcio integrado por la británica Rockhopper Exploration Plc y la firma Navitas Petroleum Development and Production Limited de avanzar con el desarrollo del yacimiento offshore conocido como Sea Lion, ubicado al norte del archipiélago.
“Recientemente, la empresa israelí Navitas Petroleum anunció que su filial británica llevará a cabo actividades en el océano Atlántico Sur, en un área cuya soberanía es objeto de disputa entre la Argentina y el Reino Unido”, escribió Sa’ar. Luego, subrayó: “Se trata de una empresa privada y no de una actividad en la que el Gobierno de Israel esté involucrado de manera alguna”, aunque reconoció: “Lamentamos el malestar que esta situación ha generado en la Argentina”.
El canciller israelí completó su mensaje con dos definiciones políticas. Por un lado, expresó que Israel espera que la disputa entre la Argentina y el Reino Unido se resuelva mediante el diálogo y por medios pacíficos, una formulación clásica del lenguaje diplomático internacional en controversias territoriales. Por otro, destacó el vínculo especial, sólido y estrecho que Israel mantiene con la Argentina bajo el liderazgo del presidente Javier Milei, relación que —según remarcó— es “especialmente apreciada por el pueblo de Israel”.
La aclaración respondió a la reacción oficial argentina, que días antes había rechazado el avance del proyecto Sea Lion al considerarlo una explotación ilegal e ilegítima por realizarse en una zona marítima en disputa de soberanía y sin autorización de las autoridades argentinas. La Cancillería recordó que este tipo de iniciativas viola resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas que instan a ambas partes a abstenerse de adoptar decisiones unilaterales mientras persista la controversia por las Islas Malvinas.
En ese marco, la Argentina no solo apuntó contra el Reino Unido —al que responsabiliza por otorgar licencias de exploración y explotación desde la administración isleña—, sino que también extendió su reclamo a las empresas involucradas y a los Estados con los que estas mantienen vínculos. La participación de Navitas Petroleum, fundada en Israel aunque operativamente radicada en el Reino Unido para este proyecto, motivó que el planteo llegara también a Jerusalén.
Desde la perspectiva argentina, el esquema es recurrente: cada vez que se anuncian actividades petroleras en el área en disputa, el Estado nacional activa los canales diplomáticos para dejar constancia de su protesta y reafirmar sus derechos soberanos. Así ocurrió en gobiernos anteriores y volvió a suceder ahora, en el marco de una política considerada de Estado que cuenta con amplio consenso interno.
El yacimiento Sea Lion es uno de los proyectos energéticos más ambiciosos desarrollados en torno a las Malvinas. Según información difundida por las propias empresas, el plan prevé inversiones superiores a USD 2.000 millones y una producción estimada de decenas de miles de barriles diarios. Para la Argentina, la magnitud económica del emprendimiento no altera el núcleo del conflicto: la explotación de recursos naturales en una zona cuya soberanía está en discusión.
En este contexto, la reacción israelí fue interpretada en Buenos Aires como una señal política relevante. Fuentes diplomáticas indicaron que la aclaración pública de Sa’ar permitió encauzar el episodio dentro de los márgenes habituales de la diplomacia, sin escalar hacia un conflicto bilateral. La distinción explícita entre una empresa privada y la posición del Estado israelí fue valorada como un gesto de respeto hacia el reclamo argentino.
La referencia directa al vínculo con la Argentina y al liderazgo de Javier Milei tuvo especial peso. El actual gobierno ha profundizado la relación con Israel desde el inicio de su gestión, tanto en el plano político como simbólico, y considera a ese país un aliado estratégico. En ese marco, la declaración del canciller israelí buscó preservar ese vínculo, aunque exista una diferencia puntual vinculada a la actuación de una compañía privada.
Desde la Cancillería argentina remarcaron que la protesta formal se mantiene vigente y que el país continuará utilizando todas las herramientas diplomáticas, administrativas y legales a su alcance para desalentar este tipo de actividades. También mencionaron que Navitas Petroleum fue incluida en el pasado en listados de empresas sancionadas por operar sin autorización en áreas bajo jurisdicción argentina, lo que refuerza la posición oficial frente al caso.
La aclaración israelí se inscribe así en una dinámica habitual de la cuestión Malvinas: anuncios de exploración, protestas argentinas, intercambios diplomáticos y reafirmaciones de principios. En esta oportunidad, el elemento distintivo fue la necesidad de un pronunciamiento explícito de un tercer Estado, que decidió despegarse del accionar empresarial y ratificar su relación política con la Argentina.
El episodio volvió a poner de relieve la centralidad que la soberanía sobre las Islas Malvinas y los espacios marítimos circundantes conserva en la política exterior argentina. Al mismo tiempo, evidenció cómo los proyectos energéticos en la zona continúan generando repercusiones que trascienden el vínculo bilateral con el Reino Unido y alcanzan a otros actores del escenario internacional.