El Gobierno postergó hasta octubre el aumento de los impuestos a los combustibles para evitar un salto en la inflación
El Gobierno postergó nuevamente la actualización de los impuestos a los combustibles que debía aplicarse a partir del 1° de septiembre y trasladó su entrada en vigor al 1° de octubre. La medida quedó oficializada a través de un decreto publicado este lunes en el Boletín Oficial, y, a diferencia de otros meses en que el Ejecutivo aplicó alzas parciales, esta vez el diferimiento fue total.
La medida alcanza al Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y al Impuesto al Dióxido de Carbono que gravan la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil. Los aumentos diferidos acumulan actualizaciones pendientes de 2024, 2025 y los dos primeros trimestres de 2026: desde septiembre también debían entrar en vigor los incrementos del segundo trimestre de este año, pero el decreto extendió hasta el 30 de septiembre el esquema impositivo vigente en agosto.
El fundamento oficial, el mismo que se repite desde hace más de dos años, es “continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible”. El objetivo práctico es evitar que el ajuste acumulado se traslade al precio en los surtidores y, con ello, a los costos del transporte, la producción agropecuaria y los presupuestos de los automovilistas; consecuentemente, a la inflación, justo en un periodo en el que el Gobierno espera un dato positivo, incluso por debajo del 1,5%, luego del 2,1% de julio.
Cuánto impactan los impuestos en el precio final de la nafta
A pesar de que la postergación de estos impuestos es una medida muy utilizada por el Ejecutivo —ya se pospuso 13 veces desde 2024— el peso del gravamen sobre el valor final de la nafta creció de forma sostenida.
Según un informe del Instituto Argentina Grande (IAG), el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) pasó de representar el 8,9% del precio de la nafta súper en noviembre de 2023 al 19,25% en julio de 2026. En términos reales, el monto incluido en cada litro trepó de $116 a $400, lo que implica un aumento del 1.265% contra una inflación acumulada del 320% en el mismo período. El ICL se incrementó casi cuatro veces por encima del IPC.
La explicación es que el impuesto es un monto fijo por litro —no una tasa sobre el precio—, y el Gobierno lo actualizó con el argumento de recomponer el atraso que se había acumulado durante la gestión anterior. “Producto del aumento del monto fijo, el impuesto a los combustibles es el impuesto cuya recaudación más creció en términos relativos desde el cambio de gestión: en 2025 recaudó 91% más que en 2023 en términos reales”, señaló el IAG.
Cuándo bajará el precio de los combustibles
En la Argentina aún rige el buffer de precios que estableció YPF en respuesta al conflicto en Medio Oriente, que hizo que el valor del Brent superara los USD 100 por barril. Es por eso que el 1° de abril la petrolera de mayoría estatal -junto con el resto de la industria- implementó un mecanismo de amortiguación de precios que el sector denominó internamente “buffer”. El sistema operó en dos etapas: una primera de 45 días y una segunda de 30 días, con un aumento del 1% en ese período. El objetivo era que la volatilidad del crudo —el Brent llegó a subir más del 50% en el momento de mayor intensidad del conflicto— no se trasladara de forma directa al IPC.
La contrapartida del buffer fue siempre explícita: cuando el precio internacional del petróleo bajara, el valor en el surtidor no bajaría de inmediato. Primero, las petroleras recuperarían las ganancias resignadas durante los meses de contención. La consultora 1816 lo describió así: “Durante varios meses, gracias al buffer, la nafta fue más barata de lo que correspondía según el precio del Brent y del A3500, de modo que el sobreprecio actual no hace ni más ni menos que compensar a los refinadores y expendedores de combustibles”.
Cuándo bajará el precio de los combustibles
En la Argentina aún rige el buffer de precios que estableció YPF en respuesta al conflicto en Medio Oriente, que hizo que el valor del Brent superara los USD 100 por barril. Es por eso que el 1° de abril la petrolera de mayoría estatal -junto con el resto de la industria- implementó un mecanismo de amortiguación de precios que el sector denominó internamente “buffer”. El sistema operó en dos etapas: una primera de 45 días y una segunda de 30 días, con un aumento del 1% en ese período. El objetivo era que la volatilidad del crudo —el Brent llegó a subir más del 50% en el momento de mayor intensidad del conflicto— no se trasladara de forma directa al IPC.
La contrapartida del buffer fue siempre explícita: cuando el precio internacional del petróleo bajara, el valor en el surtidor no bajaría de inmediato. Primero, las petroleras recuperarían las ganancias resignadas durante los meses de contención. La consultora 1816 lo describió así: “Durante varios meses, gracias al buffer, la nafta fue más barata de lo que correspondía según el precio del Brent y del A3500, de modo que el sobreprecio actual no hace ni más ni menos que compensar a los refinadores y expendedores de combustibles”.
El impacto del conflicto sobre los precios quedó registrado en los datos de inflación de los meses en que el buffer se activó. En marzo, antes de que el mecanismo entrara en vigor, el IPC llegó al 3,4%, con los combustibles como uno de los principales impulsores junto a los alimentos y el transporte —aunque la estacionalidad también jugó un papel en ese dato. En abril, el INDEC registró una desaceleración al 2,6%, pero el rubro Transporte lideró las subas con un 4,4%, impulsado directamente por el alza en combustibles.
El escenario de agosto, sin embargo, se prevé diferente. Los relevamientos semanales de consultoras privadas proyectan una inflación mensual de entre 1,4% y 1,9%, con la Fundación Libertad y Progreso en el extremo más bajo y Invecq en el más alto. En todos los casos, se trata de una desaceleración frente al 2,1% de julio, que había estado afectado por factores estacionales vinculados a las vacaciones de invierno. La moderación en alimentos y bebidas y el ritmo más lento de los precios regulados —como la electricidad, gracias al nuevo régimen de actualización de tarifas del segundo semestre— explican la tendencia. El Gobierno conoció además un dato de inflación mayorista de julio del 0,8%, que el presidente Milei interpretó como anticipo de lo que vendrá para el índice minorista.