El Senado redujo 20% la cantidad de empleados en dos años y confirmó un plan de retiros voluntarios para recortar 200 puestos más

Según el informe de gestión de Recursos Humanos que fue elevado a la vicepresidente Victoria Villarruel, la cantidad de empleados descendió de 4.902 a 3.928, lo que representa una disminución del 19,8% y equivale a 974 empleados menos en ese período.

El estado de situación se conoció a horas del recambio de un tercio de las bancas, que ocurrirá mañana, con la jura de los nuevos senadores. Y en momentos en que el Gobierno buscará aprobar por primera vez un Presupuesto que, para el caso de la Cámara alta, tiene asignadas partidas por 172 mil millones de pesos, 11 mil millones menos que en 2025.

De acuerdo con el relevamiento, el proceso de reducción de personal se concentró en la planta administrativa, ya que del total de empleados que dejaron sus cargos, hubo solo 82 reemplazos. Para la administración actual de la Cámara, esa situación demostró un exceso de personal heredado de gestiones anteriores.

Además, se indicó que el número de contratos parlamentarios -que constituyen el 87% del total y suman cuatrocientos- se mantuvo estable durante el período analizado.

Entre las metodologías implementadas para alcanzar estos resultados, Recursos Humanos mencionó la introducción del control biométrico de asistencia derivó en 372 renuncias, mientras que el retiro anticipado a la jubilación sumó 305 adhesiones.

Asimismo, el control más estricto de certificados médicos, adscripciones, licencias y jubilaciones derivó en 250 bajas, y se registraron cuarenta y siete desvinculaciones por incumplimiento.

Actualmente, de los 3.928 empleados en el Senado, 1.146 son asesores parlamentarios, cifra que representa casi el 30% del total y sobre la cual la vicepresidenta no tiene injerencia directa. Este número se ha mantenido relativamente constante en los últimos dos años.

El informe destacó que el máximo histórico de personal en la Cámara Alta se alcanzó durante la gestión de Amado Boudou en 2014, con 7.152 empleados. Posteriormente, bajo la presidencia de Gabriela Michetti, la cifra descendió a 5.300 y desde entonces la tendencia se mantuvo a la baja. Los niveles actuales de empleo se equiparan a los registrados durante la gestión de Julio Cobos en 2011.

El objetivo trazado para 2026 es reducir la dotación total a cerca de 3.200 empleados. En paralelo, se informó que se aplicó la política de “menos gente, mejor paga”, que busca revertir la pérdida salarial acumulada por los empleados legislativos, quienes vieron disminuir su poder adquisitivo en un 32% en los últimos dos años y en casi 65% en los últimos cinco.

De acuerdo con el informe, el desafío consistirá en modificar esta situación con un presupuesto de 183 mil millones de pesos (incluidos 165 mil millones más acuerdos paritarios), cifra equivalente a la asignada en 2024.

En materia de recategorizaciones, de los 2.782 empleados administrativos, 1.143 fueron recategorizados en 2025, lo que representa el 41% del total. Se eliminó la categoría 14, que se encontraba muy por debajo del índice de pobreza del Indec. “Por primera vez, las recategorizaciones se realizaron en función del mérito y no de manera discrecional”, se indicó. Esos beneficiados experimentaron una mejora promedio del 23% en sus ingresos, todo ello financiado con recursos propios y sin partidas adicionales, salvo los acuerdos paritarios.

El financiamiento de estas recategorizaciones se sustentó en varias medidas. El retiro anticipado a la jubilación permitió un ahorro del 19% en cargas sociales, equivalente a aproximadamente 665 millones de pesos anuales. Se estableció un adicional por hijo para compensar el cierre del jardín maternal, beneficio que ahora alcanza a 412 trabajadores frente a los setenta y ocho del esquema anterior, generando un ahorro estimado de 470 millones de pesos anuales.

La redistribución de adicionales, que según explicaron antes se otorgaban de manera “discrecional”, se realizó bajo criterios objetivos: el adicional por comida, por ejemplo, pasó de 56 millones de pesos mensuales a 7 millones, al vincularse al control biométrico, lo que implicó un ahorro cercano a 400 millones de pesos anuales.

En cuanto a las jubilaciones, se intimó a 198 personas a acogerse a este beneficio, ya que en el Senado prácticamente nadie se jubilaba, lo que generaba un perjuicio para el Estado de 300 millones de pesos mensuales. El ahorro proyectado para 2025 por este concepto supera los 324 millones de pesos.

De cara a 2026, el Senado que preside Villarruel prevé la implementación de un plan de retiros voluntarios, similar al aplicado en la Cámara de Diputados, que permitiría la salida de al menos doscientos agentes en el primer semestre del año, mediante un pago similar a una indemnización. Además, se intensificará el control de licencias por tratamientos prolongados, un rubro con indicadores elevados en el Senado, a través de un sistema de auditoría médica. También se planea instaurar un premio por presentismo, que, además de mejorar los salarios, facilitará la detección de irregularidades.

Finalmente, el informe subrayó la necesidad de reestructurar la escala salarial, ya que un director en el Senado percibe un salario 60% inferior al de un gerente de segunda línea en el sector privado.