Eliminaron el registro creado para acreditar la existencia de comedores y merenderos comunitarios por fallas estructurales
El Ministerio de Capital Humano de la Nación, a través de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, dejó sin efecto el Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios de Organizaciones de la Sociedad Civil (RENACOM), modificando el esquema de control y asignación de recursos. Ahora, dependerán de verificaciones presenciales y tecnológicas, en lugar de un registro nacional centralizado. La Resolución 393/2025 fue firmada por el secretario Juan Bautista Ordoñez. Sostienen que este cambio permitirá una gestión más eficiente y transparente de la asistencia alimentaria en todo el país.
La medida, publicada este martes 22 de julio de 2025 en el Boletín Oficial, anula las resoluciones 480/2020 y 1653/2022 del entonces Ministerio de Desarrollo Social, que habían creado y regulado el RENACOM. La decisión impacta directamente en las organizaciones sociales y comunitarias que gestionan comedores y merenderos en cada punto del territorio nacional.
La resolución se fundamenta en la modificación de los procedimientos de asistencia alimentaria implementados por el Ministerio de Capital Humano, que desde abril de 2025 eliminó la exigencia de inscripción en el RENACOM para acceder al programa “Alimentar Comunidad”.
Según el texto oficial, la verificación de la existencia y funcionamiento de estos espacios ahora se realiza mediante relevamientos territoriales presenciales y el uso de medios tecnológicos, en lugar de depender de un registro centralizado.
El documento señala que la decisión responde a la necesidad de “optimizar los recursos públicos en pos de garantizar una utilización eficiente, oportuna, transparente y responsable, que permita brindar atención a necesidades básicas y urgentes de los sectores sociales más vulnerables, sin intermediación tanto en las modalidades de asistencia a comedores y merenderos, así como a las familias propiamente dichas”.
El Ministerio sostiene que la inscripción en el RENACOM y la existencia misma del registro se volvieron innecesarias ante los nuevos procedimientos de control y asignación de recursos.
La resolución cita un informe de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), que detectó debilidades en el control interno del RENACOM. El informe advierte sobre “registros duplicados; campos en blanco y con ceros; datos que no se corresponden con el campo de carga; inconsistencias en los domicilios, entre otras falencias”.
El texto oficial reproduce la conclusión de la SIGEN: “El mismo se desarrolla en un ambiente de control interno débil, que se encuentra afectada la integridad y confiabilidad de la información que resulta imprescindible para la clasificación del espacio comunitario y la toma de decisiones”.
El Ministerio de Capital Humano argumenta que la eliminación del RENACOM permitirá “mejorar los recursos y capacidades administrativas para el desarrollo de políticas públicas de alto impacto, y la modificación e implementación de programas integrales que otorguen una visión interrelacionada y coordinada para abordar las necesidades sociales y que contemple los desafíos actuales de esta Secretaría Nacional”.
De hecho, los resultados de este informe ya habían sido compartidos por la cartera a través de un comunicado que afirmaba que el 87% de los registros estaban duplicados, lo que implica que casi nueve de cada diez inscripciones correspondían a datos repetidos. Además, otro 34% de los registros presentaba campos incompletos o con valores en cero, lo que dificultaba la identificación precisa de los beneficiarios y la correcta asignación de recursos.
La resolución también destaca la intención de alinear los procedimientos y la normativa de los planes y programas sociales con un enfoque de eficiencia administrativa y modernización del Estado.
La medida fue impulsada por la Dirección de Asistencia Institucional Alimentaria y contó con la intervención de la Subsecretaría de Promoción Humana, la Subsecretaría de Gestión Administrativa de Niñez, Adolescencia y Familia, y la Secretaría de Coordinación Legal y Administrativa del Ministerio de Capital Humano. El Servicio Jurídico Permanente también intervino en el proceso.
La decisión se inscribe en una serie de reformas impulsadas por el Ministerio de Capital Humano desde su creación, orientadas a la “optimización de los instrumentos del Estado y fortalecer las capacidades operativas de los Programas”, según el texto oficial.