Neuquén aprobó la obligatoriedad del narcotest en funcionarios y el gobernador fue el primero en hacer la prueba
Después de que se aprobara la ley de exámenes toxicológicos obligatorios para funcionarios públicos de Neuquén, el gobernador Rolando Figueroa fue el primero en someterse a la prueba y obtener un resultado negativo. “Tenemos que predicar con el ejemplo”, remarcó.
La nueva legislación obliga a que todos los funcionarios que ocupen cargos en los tres poderes del Estado deban ser examinados de forma periódica.
“Los funcionarios tenemos que predicar con el ejemplo”, manifestó Figueroa en una publicación realizada en su cuenta personal de X (antes Twitter). Asimismo, recordó ya el 1 de marzo había anunciado durante su discurso de apertura de sesiones ordinarias que sería el primero en realizarse la prueba.
De esta manera, compartió un video en sus redes sociales, en el que explican cómo se lleva adelante el narcotest, a medida que se lo realiza. Al conocerse el resultado de su control, el mandatario expresó: “Me parece muy positiva esta medida que han tomado los legisladores”. De acuerdo con las declaraciones recopiladas por LM Neuquén, el jefe de Estado provincial destacó que la medida brindaría “tranquilidad a la sociedad respecto a nuestra salud”.
A su vez, el gobernador señaló: “Quienes tenemos la responsabilidad de tomar decisiones trascendentes con nuestra firma debemos hacerlo con plena consciencia de nuestros actos”. Y concluyó: “Esta medida se enmarca en la política pública que impulsamos desde el Gobierno de la Provincia del Neuquén en la lucha contra el narcotráfico”.
La nueva ley, que fue aprobada ayer por la Legislatura de Neuquén, establece que los controles alcanzarán a los titulares de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como a ministros, legisladores, magistrados, fiscales, defensores, intendentes, concejales y consejeros de la Magistratura.
La obligación también se extiende a secretarios, fiscales de Estado, asesores generales de Gobierno, directivos de organismos autárquicos, empresas estatales y entes de control. Entre los principios rectores que fija la ley se encuentran la confidencialidad, la privacidad, la proporcionalidad, la no discriminación, la protección de datos, el derecho de defensa y el debido proceso.
Según el contenido de la norma, la realización del examen es un requisito indispensable para poder acceder y/o permanecer al frente de cargos públicos dentro de la administración pública neuquina. Al finalizar la votación, la medida había conseguido 29 votos positivos y dos negativos provenientes de los diputados del Frente de Izquierda.
En línea con esto, remarcaron que el objetivo central es “garantizar la ética, idoneidad, integridad, responsabilidad y transparencia institucional en el ejercicio de la función pública, asegurando que esta se desarrolle sin relación o vinculación del funcionario público con el narcotráfico y en condiciones compatibles con el adecuado desempeño de las responsabilidades asignadas, libres de los efectos de sustancias psicoactivas prohibidas”.
Respecto a las sustancias psicoactivas prohibidas, la ley las define como aquellas que no han sido prescriptas por un profesional de la salud y que “actúan sobre el sistema nervioso central generando alteraciones funcionales en el pensamiento, las emociones o el comportamiento, de modo que atenta contra el ejercicio responsable de la función pública”.
De esta manera, el procedimiento de control buscará detectar la presencia de metabolitos de opioides, cannabinoides, cocaína, anfetaminas, metanfetaminas, benzodiacepinas y barbitúricos, así como “cualquier otra sustancia psicoactiva que, conforme a criterios científicos actualizados, se determine”.
Por esto, establecieron que el examen consistirá en la toma de una muestra y su análisis en el laboratorio del Ministerio de Salud de la provincia, con el fin de identificar estas sustancias en muestras biológicas, “así como la interpretación y la comunicación de los resultados a la autoridad de aplicación”.
Por otro lado, indicaron que la periodicidad de los controles será, como mínimo, anual. Además, apuntaron que la negativa injustificada a someterse al test será considerada equivalente a un resultado positivo, lo que implicaría la pérdida de su puesto estatal.