Para la Fundación Mediterránea, el Súper RIGI es “otra isla en el océano de distorsiones”
Tras el envío del proyecto del Súper RIGI por parte del Gobierno al Congreso, la Fundación Mediterránea criticó el esquema y aseguró que es “otra isla en el océano de distorsiones”, ya que si bien puede hacer viables algunas inversiones de gran escala, también profundiza una lógica de excepciones que no reemplaza la necesidad de reformas más amplias.
Vale mencionar que este régimen apunta a inversiones superiores a los USD 1.000 millones, vinculadas principalmente a inteligencia artificial, semiconductores, biotecnología avanzada, centros de datos, entre otros.
La Fundación Mediterránea sostuvo que un proceso de crecimiento sostenido requiere una inversión en torno al 25% del PBI, pero Argentina raramente superó el 20% en las últimas dos décadas y en los últimos años se ubicó apenas en el 16% del PBI.
El déficit resulta más notable en el nivel de Inversión Extranjera Directa (IED). Salvo años atípicos, este componente de la inversión nunca superó el 3% del PBI y en 2025 apenas alcanzó el 0,5%. Esto muestra un claro contraste con el 3,7% de Chile y 3,4% de Brasil para el mismo año.
“La baja inversión no tiene una causa única. No son problemas de un sector o de un tipo de inversión; son fallas sistémicas del entorno institucional que afectan a toda la economía”, aseguró la Fundación Mediterránea.
En ese sentido, mencionó como factores principales a la volatilidad macroeconómica, el cepo, los impuestos distorsivos, como derechos de exportación, cheque, ingresos brutos, sellos y tasas municipales que gravan las ventas; la inseguridad jurídica y una política comercial restrictiva.
Por otra parte, comparó la Tasa Interna de Retorno (TIR) entre los diferentes esquemas de incentivos implementados. Tomando como base un hipotético proyecto de inversión, esta sería del 6% bajo el régimen general, 6,6% con los beneficios de la reforma laboral, 6,8% con el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), 11,1% con el RIGI y 12,4% con el Súper RIGI.
Consideró que para configurar un entorno favorable para la inversión el camino es darle continuidad al proceso transformador iniciado hace 2 años, a través de las siguientes medidas:
- Sostenibilidad al equilibrio fiscal
- Terminar de eliminar el cepo y converger al régimen monetario y cambiario definitivo, institucionalizando el bimonetarismo al estilo de Perú y Uruguay
- Ordenamiento integral del sistema tributario que permita eliminar los impuestos más distorsivos y que dé confianza a los inversores en la estabilidad de las reglas tributarias en los tres niveles de gobierno
- Modernizar los poderes judiciales para generar confianza entre los inversores de que las controversias se dirimen con objetividad y que la estabilidad jurídica se respeta independientemente del ciclo político
La Fundación Mediterránea sostuvo que es necesario consolidar a los fines de generar un entorno más amigable con la producción. “Hasta ahora se han hecho avances importantes pero parciales y, por lo tanto, insuficientes para revertir los crónicos déficits de inversión. El cúmulo de distorsiones acumuladas llevan a que sea un proceso extremadamente desafiante que demanda perseverancia, cambios disruptivos y tiempo para su maduración”, señaló.
Explicaron que el RIGI viene cumpliendo con éxito sus objetivos de incentivar proyectos en los sectores para los que fue creado; particularmente, en la energía y la minería. “Pero escapa a sus posibilidades operar como una herramienta que dinamice de manera general la inversión”.
Por su propio diseño, aseguran, el RIGI no tiene capacidad para transformar el patrón de inversión prevaleciente en las últimas décadas, dado que su funcionalidad se centra en promover y hacer viables proyectos en determinados nichos.
Como aspecto positivo del Súper RIGI, destacaron que no existe costo fiscal porque “las eximiciones y reducciones de alícuotas son sobre impuestos que, de no ejecutarse el proyecto, no se recaudarían”. Tampoco se generan pérdidas cambiarias, ya que “la libre disponibilidad de divisas es sobre divisas que no se generarían si el proyecto no se ejecuta”.
El compromiso de mantener las condiciones tributarias y establecer canales especiales para controversias también se justifica, siempre que “son proyectos que de otra manera no se ejecutarían”.
Entre las desventajas, se destaca que la existencia de regímenes especiales “aumenta los costos administrativos, tanto para el Estado como para las empresas”. Además, “mientras más complejas son las reglas mayores son los costos y los riesgos de desvíos y discrecionalidades”.
Las empresas tienen incentivos a destinar recursos para calificar en estos regímenes, y el Súper RIGI incorpora “disposiciones expresas anti-elusión (que modifiquen artificialmente sus proyectos o estructuras solo para acceder a los beneficios fiscales previstos)”, lo que implica el reconocimiento de ese riesgo.
La entidad sostuvo que es recomendable priorizar las reformas generales y, en materia de regímenes especiales, ajustarse a la estrategia original de que el RIGI es una herramienta que adelanta de manera transitoria condiciones que se irán generalizando a medida que avance el proceso de transformaciones estructurales.
“No es una buena opción agregar nuevas capas de excepciones que profundizan las inequidades horizontales y la complejidad administrativa. Particularmente, no se justifica crear un nuevo régimen (el Súper RIGI) con características muy similares al que ya está operando con éxito (el RIGI). Máxime cuando no se cambian sustancialmente la estructura de beneficios especiales”, señaló el documento.
“Buena parte de los objetivos que se espera alcanzar con el Súper RIGI se podrían lograr sin establecer una nueva normativa de excepción sino en una mejora en el diseño y aplicación del RIGI. Para ello, los esfuerzos deberán estar centrados en buscar los instrumentos para que sea más atractivo explotar las ventajas que ofrece la Argentina, más que seguir agregando ‘super’ excepciones, mientras que el resto de la producción sigue lidiando con los enormes déficits institucionales que todavía padece la Argentina”, concluyó la Fundación Mediterránea.