El Gobierno solicitó que sean desalojadas las instalaciones de la Universidad Madres de Plaza de Mayo que eran usadas como un boliche clandestino

El Gobierno solicitó a la Justicia el desalojo del segundo y tercer piso del edificio ubicado en Avenida Rivadavia 2749/89, que desde el 19 de enero de 2018 la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) le asignó al Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos “ Madres de Plaza de Mayo” para fines pedagógicos, pero que nunca se utilizó para tal fin.

En el lugar funcionaban hasta ahora un boliche clandestino, un “bunker político” de la organización kirchnerista MILES del dirigente Luis D’ Elía, un Centro de Integración para Personas Migrantes y Refugiadas y la “Radio Rebelde”, medio donde el piquetero realiza un programa de radio.

El pedido de desalojo lo realizó el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, ya que el inmueble pertenece a su cartera. Ayer, apenas se difundieron los allanamientos que sobre el lugar realizó la Policía Federal Argentina, desde la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo (UNMa) sostuvieron que esos espacios no pertenecían al Instituto fundado por Hebe de Bonafini y el parricida Sergio Schoklender. Y se intentó instalar la versión de que “una vez más la UNMa fue atacada” por la administración de La Libertad Avanza.
Como prueba, le hicieron llegar a este medio el acta de transferencia que firmaron -el 15 de noviembre de 2023- las entonces autoridades del Ministerio de Justicia con el rectorado del Instituto Universitario para el traspaso de las instalaciones de otro edificio, ubicado en Avenida Rivadavia 4615.

Para más datos, se especifica que se trata de la Unidad Funcional 13, “ambos con una superficie cubierta total aproximada de 2.481,30 metros cuadrados; una superficie semicubierta total aproximada de 5,01 metros cuadrados; y una superficie descubierta total aproximada de 148,96 metros cuadrados. En la presentación judicial, los abogados del Ministerio de Justicia adjuntaron el croquis del lugar y el convenio firmado entre el entonces Instituto Universitario -hoy Universidad- y las autoridades del entonces gobierno de Mauricio Macri.